Cobertura universal y acceso efectivo a los servicios de salud : ¿Qué ha pasado en Colombia después de diez años de la Sentencia T-760?

Abstract

RESUMEN: La política pública de salud ha estado guiada en Colombia por el propósito de alcanzar la cobertura universal. La Ley 100 de 1993 planteó la meta de garantizar a toda la población el acceso a los servicios de salud en todos los niveles de atención, con un plan de beneficios igual para todos. No obstante esta promesa, la cobertura universal no se logró en el año 2000 como estaba establecido, y han existido barreras para el acceso efectivo, por lo que los ciudadanos han acudido a la acción de tutela como un mecanismo por el cual los jueces protegen el derecho a la salud. En 2008, en medio de un crecimiento desbordado de las tutelas, la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-760 por la cual reconoció la salud como derecho fundamental y estableció órdenes a varios organismos del Estado para garantizar su goce efectivo y hacer cumplir la cobertura universal y el acceso efectivo. Después de diez años, el cumplimiento de estas órdenes es medio, con avances importantes en cuanto a cobertura e igualación del plan de beneficios, pero persisten barreras al acceso y preocupaciones respecto a la sostenibilidad y el flujo de recursos. ABSTRACT: Public health policy in Colombia has been guided by the purpose of achieving universal coverage. Law 100 of 1993 set the goal of guaranteeing access to health services for the entire population, at all levels of care, with a plan of equal benefits for all. Despite this promise, universal coverage was not achieved in the year 2000 as established, and there have been barriers to effective access. In consequence, citizens have resorted to tutela (writ for the protection of fundamental rights) as a mechanism by which judges protect the right to health. In 2008, amidst an overwhelming growth in the number of actions for immediate protection of constitutional rights, the Constitutional Court issued Sentence T-760, by which health was recognized as a fundamental right and ordered several State agencies to guarantee its effective enjoyment and enforce universal coverage and effective access. After ten years, compliance with these orders is medium, with important advances in terms of coverage and equalization of the benefits plan, but there are still barriers to access and concerns regarding sustainability and the flow of resources.