La carga de la prueba y el deber-obligación de aportar pruebas en Colombia : un acercamiento teórico-jurisprudencial

Abstract

RESUMEN: La carga de la prueba ha sido una figura procesal ampliamente incorporada y desarrollada en la mayoría de los sistemas jurídicos procesales, como es el caso de Colombia a través del artículo 167 del Código General del Proceso. En este sentido, el cuestionamiento y la refinación continua de la teoría y la práctica procesal ha posibilitado la extensión de su entendimiento, como ha sido el caso de los estudios en materia de carga estática y dinámica de la prueba. Como efecto de ello, la evolución conceptual desde las perspectivas dogmática y jurisprudencial de estas figuras ha conllevado a la revaluación de postulados que permitan responder a las interrogantes de qué debe ser probado y quién está en obligación de probar. Ante esto, el deber-obligación de aportar pruebas es una categoría que ha sido perfilada como una posible herramienta procesal útil para dar respuesta a estas preguntas, específicamente, debido a la existencia de circunstancias que ubican a una de las partes en condiciones claramente mejores para demostrar la ocurrencia de hechos de especial relevancia para el proceso judicial.

ABSTRACT: The burden of proof has been a procedural figure widely incorporated and developed in most procedural legal systems, as is the case in Colombia through article 167 of the General Code of Procedure. In this sense, the questioning and continuous refinement of procedural theory and practice has made possible the extension of its understanding, as has been the case of studies on the static and dynamic load of evidence. As a result, the conceptual evolution from the dogmatic and jurisprudential perspectives of these figures has led to the revaluation of postulates that allow answering the questions of what should be proven and who is obliged to prove. Given this, the duty-obligation to provide evidence is a category that has been outlined as a possible useful procedural tool to answer these questions, specifically, due to the existence of circumstances that place one of the parties in clearly better conditions to demonstrate the occurrence of events of special relevance to the judicial process.