Privatización de la seguridad y fortalecimiento de la fuerza pública en Colombia durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) : ¿una contradicción?

Abstract

RESUMEN : La privatización de la seguridad y el fortalecimiento de la Fuerza Pública en Colombia son fenómenos que, a la luz de la teoría del Estado, son contradictorios. Si bien la privatización es un fenómeno que se viene presentando desde hace algunas décadas y afecta distintos sectores que eran exclusivos del Estado, al afectar el tema de la seguridad empieza a reñir con uno de los presupuestos básicos del Estado moderno como lo es la pretensión del monopolio de la violencia. Por otro lado, el fortalecimiento de la Fuerza Pública que se tiene en la actualidad en Colombia empieza en el marco del Plan Colombia, el cual fue impulsado por Andrés Pastrana Arango y continuado y fortalecido por Álvaro Uribe Vélez mediante la implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, periodo bajo el que se hizo más notorio el incremento en el pie de fuerza y la modernización en el equipamiento militar. A su vez, fue durante estas políticas que se hizo más notoria la privatización de la seguridad al incrementarse el número de Compañías Militares y de Seguridad Privada con actuación en el país. Lo anterior, sin contar con el aumento constante, tanto en número de empresas como de personal, de las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada que son autorizadas y reguladas por la ley. La presente investigación busca estudiar, a la luz de la teoría del Estado, si hay contradicción entre la privatización de la seguridad y el fortalecimiento de la Fuerza Pública en Colombia durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), apoyándose en los antecedentes y contextos en que ambos fenómenos se dan, además de los cambios que generan en el funcionamiento del Estado. Los resultados obtenidos arrojan una contradicción parcial dada las formas de privatización que se presentan, pues desde la teoría del Estado la contradicción es bastante clara, pero en la práctica la tercerización de algunos servicios de seguridad es legal e incluso promovida por el mismo Estado.