Pensión de vejez en el Decreto 758 de 1990 : análisis jurisprudencial de la procedencia del reconocimiento con la sumatoria de tiempos públicos no cotizados al ISS

Abstract

RESUMEN: En el presente artículo de revisión se analizaron las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, desde el año 1993 hasta el año 2022, que decidieron sobre la posibilidad de contabilizar los tiempos públicos laborados y no cotizados al Instituto de Seguros Sociales, dentro los procedimientos de reconocimiento de pensiones de vejez que, en virtud del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, deben ser estudiados bajo la luz del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990. Posteriormente, se describieron los razonamientos jurídicos que llevaron a la Corte Constitucional a adoptar una postura en la que es posible sumar los tiempos públicos no cotizados al Instituto de Seguros Sociales con el fin de reconocer derechos pensionales; y, luego, se describieron los razonamientos jurídicos que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a considerar inviable la sumatoria de dichos tiempos. Finalmente, se analizó el cambio de jurisprudencia que, a partir del año 2020, tuvo la Corte Suprema de Justicia, el cual permite concluir que, a la fecha, ha sido superado el “choque de trenes” que se presentaba entre las Altas Cortes y, por ende, es viable jurídicamente sumar los tiempos públicos no cotizados al Instituto de Seguros Sociales, con el fin de que sean contabilizados en los reconocimientos de pensiones de vejez del Decreto 758 de 1990.

ABSTRACT: This research review article analyzed the jurisprudential lines of the Constitutional Court and the Supreme Court, from 1993 to 2022, which have decided on the possibility of counting the time working in the public sector and not contributing to the Social Security Institute, within the procedures for the recognition of old age pensions that, under the transitional system established in Article 36 of Law No. 100 of 1993, must be studied according to Ordinance enacted No. 049 of 1990, approved by Decree No. 758 of 1990. Subsequently, the legal reasoning that led the Constitutional Court to adopt a position in which it is possible to add the time in the public sector not contributed to the Social Security Institute to recognize pension rights was described; and then, the legal reasoning that led the Supreme Court to consider the addition of such time as unfeasible was described. Finally, we will analyze the change in the jurisprudence of the Supreme Court as of the year 2020, which allows us to conclude that, to date, the "train clash" between the High Courts has been overcome and, therefore, it is legally viable to add the time in the public sector not contributed to the Social Security Institute, in order to be counted in the recognition of old age pensions by Decree No. 758 of 1990.