El principio de inmediatez de la acción de tutela: ¿Una barrera para la protección judicial de los derechos fundamentales?

Abstract

RESUMEN: Según la Constitución Política la acción de tutela se puede interponer en todo momento, es decir, no tiene caducidad. Sin embargo, para poder garantizar la inmediatez que la caracteriza, la Corte Constitucional ha señalado que el juez que resuelve la tutela debe evaluar, en cada caso, si entre el hecho que dio lugar a la presunta violación de derechos fundamentales y la interposición de la acción de tutela media un plazo razonable. El artículo tiene como objetivo analizar de qué forma el principio de inmediatez de la acción de tutela puede constituir una barrera para la protección de los derechos fundamentales en sede judicial. Para ello, se analizan las subreglas establecidas por la jurisprudencia constitucional para valorar la inmediatez en casos concretos, así como para excepcionar su aplicación por algunas causas que lo justifican. Tales subreglas son valoradas a la luz de las consideraciones frente a la inmediatez que, como jueces de tutela, tienen el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. Los resultados sugieren que, en efecto, el principio de inmediatez sigue siendo una razón recurrente para negar el amparo, aun en contravía de la jurisprudencia constitucional.

ABSTRACT: According to the Constitution writ of protection can be used at any time so it has no expiration date. However, in order to guarantee the immediacy, the Constitutional Court has ruled that the judge, who resolves the writ of protection, must assess in each case if there is a reasonable time between the event that has brought about violation of fundamental rights and the use of the writ of protection. The paper aims to analyze how the principle of immediacy of writ of protection can be a barrier to the enforcement of fundamental rights in court. For this reason, I analyze the sub-rules established by the Constitutional Court regarding to study the immediacy in specific cases and the application of exceptions when there are reasons that justify it. The sub-rules are valued in the light of the considerations regarding the immediacy that, as judges, have the Council of State, the Supreme Court of Justice and the Superior Council of the Judicature. The results suggest that, in effect, the principle of immediacy remains a recurring reason for denying protection, even in contravention of constitutional jurisprudence