Vacíos normativos de la ley 675 de 2001 y la ley 1796 de 2016 que afectan el patrimonio de los compradores de vivienda en Colombia

Abstract

RESUMEN: El objetivo de este artículo es realizar un análisis de la protección jurídica de los adquirentes de vivienda nueva en Colombia, en el cual se logre determinar, desde la evolución normativa de la ley de propiedad horizontal, al igual que la ley 1796 del 13 de julio de 2016. Cuáles son los problemas y vacíos jurídicos omitidos por el legislador en la regulación de estas normas, que afectan directamente el patrimonio de los propietarios de estos bienes. El presente artículo, aparte de realizar un análisis detallado de las leyes en mención, pretende demostrar cual ha sido la evolución que ha tenido el régimen de propiedad horizontal en Colombia y los cambios sociales que han llevado a sus reformas desde su creación. La ley 675 de 2001, es el instrumento normativo mas importante que recoge las normas, reglas y principios de los bienes sometidos al régimen de propiedad horizontal. Este instrumento normativo tiene gran responsabilidad en la sociedad colombiana, pues cada día aumenta de manera desbordada la creación de propiedades horizontales, en la que los copropietarios esperan respuestas claras para cada evento que pueda ocurrir en el ejercicio de la copropiedad y protección de su patrimonio. Como se expondrá en el desarrollo del presente, el sistema normativo actual presenta grandes falencias y es evidente en la forma como se tiene que ir complementando con nuevos sustentos normativos, para tratar de dar solución a los problemas que afectan a los propietarios de estos bienes. Esta situación ocurre como consecuencia de los vacíos y ausencia de herramientas jurídicas, claras y contundentes, específicas que permitan brindar un sistema acorde a la realidad. Como consecuencia de lo anterior, se demostrará como esos vacíos legales y de más normativa, en materia de vivienda, afectan los derechos de los compradores de vivienda sometidos a estos regímenes, por lo cual se hace necesario crear un sistema solido actualizado, con miras al futuro que permita garantizar la seguridad del patrimonio de todos los propietarios de inmuebles sometidos a la copropiedad.