Falsos positivos en Granada ¿Política de Estado o crímenes aislados? David Serna Cano Monografía presentada para optar al título de Politólogo Asesor Esteban Palacio Roldán Universidad de Antioquia Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Ciencia Política Medellín 2025 Cita (Serna Cano, 2025) Referencia Estilo APA 7 (2020) Serna Cano, D. (2018). Falsos positivos en Granada ¿Política de Estado o crímenes aislados? [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín. Repositorio Institucional: http://bibliotecadigital.udea.edu.co Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 3 Dedicatoria Dedico este trabajo a mi madre, Sandra, por su valentía y amor incondicional, que ha sido mi refugio en los momentos difíciles y el impulso que me anima a seguir adelante; a mi abuela, Carlota Gómez, mi primera maestra y faro de sabiduría, por enseñarme no solo las letras y conocimientos, sino también valores como la integridad, el respeto, el esfuerzo y la curiosidad por aprender, cuya fuerza y constancia han marcado cada uno de mis pasos; a A.M.H., por su apoyo silencioso pero necesario, que me brindó fuerza y confianza en los momentos de incertidumbre, recordándome la importancia de la perseverancia y del valor de seguir adelante; y a Carlos Hernández, por su acompañamiento, que nos ha aportado equilibrio, ánimo y ejemplo de paciencia y constancia. Y, sobre todo, a mi hermano Yamid, que me enseñó cómo levantarme en esos momentos donde todo está en contra, por ser el gran regalo que me dejó mi padre. A ustedes, personas que me han guiado y sostenido con amor y generosidad, les entrego este logro como reflejo de su influencia en mi vida, porque sin ustedes este camino no habría sido posible, y siempre llevaré en mi corazón la fuerza que me han transmitido. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 4 Agradecimientos Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi asesor, por su paciencia, dedicación y guía constante a lo largo de este proceso. Llegar hasta aquí no ha sido fácil; cada paso estuvo lleno de desafíos y momentos de incertidumbre, pero su acompañamiento me permitió encontrar el camino, aprender de los obstáculos y avanzar con confianza. También agradezco a todos los docentes que, de manera directa o indirecta, han contribuido a forjar cada pedazo de lo que hoy soy. A mis profesores de la Universidad de Antioquia, gracias por enseñarme con rigor, compromiso y pasión por la ciencia política y a mis profesores de la Universidad EAFIT, en mi pregrado de Derecho, por acompañarme en la consolidación de mis conocimientos y habilidades, dejando una huella profunda en mi formación académica y personal. Cada enseñanza, consejo y ejemplo ha sido una pieza fundamental en este camino, y mi gratitud hacia ustedes es profunda e infinita. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 5 Tabla de contenido Contenido Resumen ........................................................................................................................................... 8 Abstract ............................................................................................................................................ 9 Introducción ................................................................................................................................... 10 1 Metodología ................................................................................................................................ 12 2 Estado del arte ............................................................................................................................. 15 3 Marco teórico .............................................................................................................................. 21 4 Granada – Antioquia en el marco del conflicto armado colombiano .......................................... 28 5 Política de Defensa y Seguridad .................................................................................................. 35 5.1 ¿Qué son las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos? ......................... 37 6 Ejecuciones extrajudiciales ......................................................................................................... 39 7 Víctimas ...................................................................................................................................... 49 7.1 Cronología, responsables y víctimas .................................................................................... 49 7.2 Caracterización del patrón sistemático ................................................................................. 52 8 Poder Ejecutivo: Omisión Selectiva ............................................................................................ 54 9 Amaño del sistema judicial ......................................................................................................... 55 9.1 Opinión pública .................................................................................................................... 55 10 ¿Responsabilidad del gobierno? ................................................................................................ 57 11 ¿Responsabilidad de los mandos militares? .............................................................................. 59 Conclusiones .................................................................................................................................. 61 Referencias ..................................................................................................................................... 65 FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 6 Lista de tablas Tabla 1 ............................................................................................................................................ 46 FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 7 Lista de figuras Figura 1 .......................................................................................................................................... 16 Figura 2 .......................................................................................................................................... 17 Figura 3 .......................................................................................................................................... 30 Figura 4 .......................................................................................................................................... 40 Figura 5 .......................................................................................................................................... 43 Figura 6 .......................................................................................................................................... 44 Figura 7 .......................................................................................................................................... 46 FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 8 Resumen La problemática de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” constituye uno de los capítulos más trágicos en la historia reciente de Colombia, generando un amplio debate sobre responsabilidades políticas y militares. En el contexto de la Política de Seguridad Democrática, que pretendía fortalecer la lucha contrainsurgente y mejorar los indicadores de seguridad, resulta pertinente cuestionarse de qué manera pudieron llevarse a cabo prácticas contrarias a los derechos humanos, en el marco del accionar del Estado. Esta investigación aborda el fenómeno desde la perspectiva del modelo principal-agente (Durán y Castillo, 2022) analizando la relación entre el Estado y la cúpula militar para comprender las dinámicas de incentivos, presiones y supervisión que influyeron en la actuación de las fuerzas armadas. Más allá de los actores de menor rango, el estudio examina la estructura jerárquica, las directrices internas, la exigencia de resultados y la política de rendición de cuentas —o su ausencia— como factores que facilitan estos crímenes. Además, se consideran otros elementos del entramado estatal, como el papel del poder ejecutivo, el poder judicial y la influencia mediática, que moldearon las narrativas y las respuestas institucionales a las denuncias. La investigación se sustenta en testimonios y procesos judiciales para reconstruir la cadena de mando y explorar las tensiones en el reconocimiento de responsabilidades. Este trabajo ofrece una mirada crítica que invita a cuestionar no solo acciones puntuales, sino también las estructuras y discursos que facilitan graves violaciones, promoviendo una profunda reflexión para contribuir a la justicia y la reparación en Colombia. Palabras clave: Antioquia, conflicto, conflicto armado, ejecuciones extrajudiciales, Ejército Nacional, Falsos positivos, Fuerzas Armadas, Granada, política de Estado, Seguridad Democrática. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 9 Abstract The issue of extrajudicial executions known as “false positives” constitutes one of the most controversial and tragic chapters in Colombia’s recent history, generating extensive debate over political and military responsibilities. In the context of the Democratic Security Policy, which aimed to strengthen the counterinsurgency effort and improve security indicators, the question arises of how practices that violated human rights could occur without explicit orders. This research addresses the phenomenon from the perspective of the principal-agent model, analyzing the relationship between the State and the military high command to understand the dynamics of incentives, pressures, and oversight that influenced the actions of the armed forces. Beyond the lower-ranking actors, the study examines the hierarchical structure, internal directives, performance demands, and accountability policies—or their absence—as factors that facilitated these crimes. Additionally, other elements of the state framework are considered, such as the role of the executive branch, the judiciary, and media influence, which shaped public narratives and institutional responses to the allegations. The investigation is based on testimonies and judicial processes to reconstruct the chain of command and explore the tensions in the recognition of responsibilities. This work provides a critical perspective that invites reflection not only on specific actions but also on the structures and discourses that facilitate serious violations, fostering a deep reflection to contribute to justice and reparation in Colombia. Keywords: Armed conflict, Armed Forces, Democratic Security, extrajudicial executions, False positives, Granada – Antioquia, National Army, State policy. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 10 Introducción La presente monografía parte de la experiencia de la práctica profesional realizada en la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- durante 2024, la cual se realizó en el marco de la formación en el pregrado de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. En el desarrollo de la práctica profesional se realizaron actividades de compilación y sistematización de información de bases de datos de la dependencia, así como las de entidades públicas nacionales, entidades privadas y ONG. Si bien las políticas de la JEP y los acuerdos de confidencialidad establecidos para el desarrollo de dicha práctica profesional no permitieron incorporar información a la que se tuvo acceso durante la práctica profesional, ni sistematizar las acciones ejecutadas para la Jurisdicción, el presente texto incorpora algunos de los aprendizajes y experiencias adquiridas durante la práctica, con el fin de retomar los aportes de la JEP para el estudio de un caso concreto de vulneraciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto armado colombiano. El tema del conflicto armado no es ajeno a ninguna persona dentro del territorio colombiano, mucho menos a los estudiantes de Derecho y Ciencia Política, en este caso, el interés de la presente investigación surge por lo que representan los casos de las ejecuciones extrajudiciales para las víctimas, el Estado y el sistema político y cómo detrás de los mal llamados “falsos positivos” existe un aparato tan complejo que ha permitido que por casi 20 años no se haya logrado condenar a los verdaderos máximos responsables. De esta manera, en las siguientes páginas se realizará un análisis del caso de Granada entre 1997 y 2005, con la intención de comprender la concentración de los casos de ejecuciones extrajudiciales y la posible relación con los lineamientos de la Política de Seguridad Democrática. Para poder cumplir con este objetivo, esta monografía comienza por documentar grosso modo la presencia de grupos al margen de la ley en los años previos y durante la concentración de Ejecuciones Extrajudiciales en este municipio de Antioquia; seguidamente se examinaron los factores que, de acuerdo con la literatura, registros de prensa y jurisprudencia de la JEP; contribuyeron al aumento de los casos de Ejecuciones Extrajudiciales en la zona. Por último, se analizó la posible influencia de la política de Seguridad Democrática sobre la ocurrencia de Ejecuciones Extrajudiciales en el municipio de Granada entre 1997 y 2005. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 11 Tomando en cuenta lo planteado, la presente investigación analiza los casos de falsos positivos en Granada, cómo se configuraron y los factores que llevaron a las fuerzas armadas a ponerlos en práctica; no solo estudiando factores locales, sino también departamentales y nacionales, a partir de datos entregados por organismos judiciales, sociales y demás, como lo es JEP que expresan, “Antioquia es el departamento que concentra una parte significativa de los casos de ejecuciones extrajudiciales registrados entre 2002 y 2008” (JEP, 2025b). De esta manera se realiza un estudio a partir del análisis documental en repositorios, archivos gubernamentales, centros de memoria, artículos y demás fuentes que permiten llevar a cabo la investigación, que sustenta si en Granada existió uno de los peores actos llevados a cabo por cuerpos de seguridad del Estado, bien sea de forma aislada o sistemática. A raíz de la complejidad e intensidad del conflicto armado en Colombia, la temporalidad seleccionada para esta investigación se fija desde 1997 hasta 2005, comprendiendo que entre los años seleccionados se lleva a cabo una escalada de violencia en la región, incluyendo los procesos de paz fallidos entre el gobierno nacional en cabeza del entonces presidente Andrés Pastrana con la guerrilla de las FARC-EP, el nacimiento de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), el fortalecimiento militar de las guerrillas en el contexto urbano y la reconfiguración de antiguos miembros del Cartel de Medellín en la conformación de grupos paramilitares (Bloque Metro y Bloque Cacique Nutibara). FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 12 1 Metodología Esta investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo de carácter analítico- descriptivo, orientado a comprender las dinámicas que facilitaron la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Granada, Antioquia, entre los años 1997 y 2005. El propósito central es identificar patrones estructurales y factores explicativos que permitan determinar si estos crímenes respondieron a una lógica sistemática vinculada a políticas estatales o si, por el contrario, fueron el resultado de acciones aisladas por parte de determinadas unidades militares. Desde la ciencia política, el estudio se inscribe en el enfoque neo-institucionalista, el cual, según Losada y Casas (2008), pone su atención en cómo las instituciones —tanto formales como informales— influyen en el comportamiento de los actores políticos y condicionan los resultados de los procesos de poder. Este marco resulta especialmente útil para analizar de qué manera la estructura institucional de las fuerzas armadas, los sistemas de incentivos implementados y el marco normativo derivado de la Política de Seguridad Democrática pudieron haber creado condiciones propicias para la sistematicidad de las ejecuciones extrajudiciales. El neo- institucionalismo, además, permite examinar no solo las reglas formales, sino también las prácticas informales, rutinas organizacionales y mecanismos de premios y castigos presentes dentro de la institución militar, elementos fundamentales para explicar cómo ciertas conductas criminales pudieron normalizarse o ser toleradas dentro del aparato estatal. La metodología aplicada se basa en un análisis documental exhaustivo que combina fuentes secundarias con el fin de reconstruir los hechos y sus contextos. Este método facilita examinar la evolución del fenómeno en el tiempo, comparando el periodo previo a la implementación de la Política de Seguridad Democrática con el periodo posterior, lo que permite identificar cambios en la frecuencia, modalidades y actores involucrados en las ejecuciones extrajudiciales. El abordaje metodológico incorpora herramientas del análisis institucional para estudiar las estructuras y dinámicas de las fuerzas armadas, así como los estudios de políticas públicas de seguridad para evaluar los efectos de la Seguridad Democrática. Asimismo, se consideran los aportes del análisis de las relaciones civil-militares y de los estudios en derechos humanos, que FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 13 sirven como marco normativo y ético de referencia. Esta perspectiva se complementa con los aprendizajes derivados de la práctica profesional en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), especialmente en los procesos de sistematización de información sobre violaciones a los derechos humanos en contextos de conflicto armado. La investigación se sustenta en fuentes primarias tales como informes de la JEP, documentos oficiales de instituciones estatales, informes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, registros de prensa, archivos de centros de memoria y testimonios de víctimas. Las fuentes secundarias incluyen estudios académicos, tesis de grado, investigaciones de grupos especializados y trabajos de centros de investigación dedicados al estudio del conflicto armado y los derechos humanos. Se dio especial relevancia a las fuentes que ofrecieran información específica sobre Granada, así como a aquellas que abordaran la estructura militar, los incentivos institucionales y el marco político de la Seguridad Democrática. El procedimiento analítico se desarrolló en fases interrelacionadas. En la primera fase se delimitó conceptual y temporalmente el objeto de estudio, estableciendo categorías analíticas relacionadas con actores armados, políticas de seguridad, estructura militar e incentivos institucionales. Posteriormente, se realizó una búsqueda documental sistemática en repositorios académicos, archivos de organizaciones de derechos humanos, centros de memoria y bases de datos especializadas, con el objetivo de recopilar información que permitiera comprender tanto el contexto local de Granada como las dinámicas regionales y nacionales del conflicto armado. La sistematización de la información se organizó a partir de ejes temáticos, distinguiendo entre documentos que analizan el contexto histórico del conflicto en la región, los que examinan la política de seguridad y sus impactos, los que documentan casos específicos de ejecuciones extrajudiciales y aquellos que estudian la estructura y funcionamiento de las fuerzas armadas. Posteriormente, se aplicó un análisis de contenido orientado a identificar patrones de comportamiento, dinámicas de actuación de los actores involucrados, mecanismos institucionales que facilitaron los crímenes y elementos que permitieran valorar su posible sistematicidad. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 14 La triangulación de fuentes fue un componente esencial para garantizar la validez de los hallazgos, contrastando información procedente de distintos tipos de documentos y enfoques analíticos. Esta estrategia permitió reconocer coincidencias, divergencias e incluso vacíos en la información disponible. La interpretación contextual de los resultados se realizó desde una perspectiva multinivel, integrando las dinámicas locales de Granada, las particularidades del oriente antioqueño como región en disputa y los factores nacionales asociados con las políticas de seguridad y el funcionamiento de las instituciones militares. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 15 2 Estado del arte Para realizar el análisis documental sobre el caso propuesto se procede con el rastreo de los textos producidos sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos” en el país y las investigaciones que han surgido a raíz de este fenómeno, tomando en cuenta todas las herramientas brindadas por universidades, ONG, movimientos sociales, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y cooperantes internacionales. El rastreo inició con la delimitación temporal de la investigación, enfocada en el periodo comprendido entre 1997 y 2005. En una primera revisión se identificaron diversas investigaciones que respaldan la propuesta de este estudio y que serán expuestas a lo largo del texto. Entre los principales hallazgos del rastreo documental se destacan documentos que permiten comprender la configuración de la política de seguridad conocida como “Seguridad Democrática”, su relación directa con la estructura del organismo castrense, así como las causas y consecuencias derivadas de dicha conexión. A partir de ello surge la pregunta central que orienta la investigación: ¿los hechos analizados constituyen crímenes de Estado o, por el contrario, fueron episodios aislados atribuibles a determinadas unidades militares? Una vez se hizo dicho rastreo, se analizaron los hallazgos encontrando que, a pesar de que tanto las ejecuciones extrajudiciales como los impactos del conflicto armado en Granada han sido ampliamente estudiados, en general no se encontraron investigaciones que respondieran la misma pregunta de investigación y que conjugaran el mismo tema y caso de estudio. El rastreo documental se realizó en repositorios como los de la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Medellín, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad EAFIT, Universidad Externado de Colombia, Universidad del Valle, Universidad de la Sabana, Universidad del Rosario, Universidad Libre de Barranquilla, Universidad Militar de Cadetes “José María Córdoba”, CNMH, agencias de cooperación internacional, Centro de investigación y educación popular (CINEP), revistas jurídicas como lo es Verdad Abierta, grupos de investigación y asociaciones de derechos humanos. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 16 Del análisis documental realizado a más de 49 textos, gran parte de los documentos están en la línea temporal entre los años 2010-2023, investigaciones realizadas por la academia y ONG, que distribuye la documentación encontrada con más del 80% generada directamente por las universidades, ya sea por trabajo de grado, tesis, investigaciones de semilleros y el resto distribuido entre organizaciones de derechos humanos o de cooperación internacional, CNMH, entre otros; siendo los últimos los que mayor información brindaron a raíz de trabajar el fenómeno de los falsos positivos en Granada. Figura 1 Investigaciones según la ciudad Nota. Elaboración propia Como se había explicado párrafos atrás, sobre el rastreo documental y dentro de la temporalidad de este, la concentración de trabajos dirigidos a Granada está menos orientado a una exploración conceptual, filosófica y del derecho desde el análisis de los posibles responsables, tal y como muestra el siguiente gráfico: FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 17 Figura 2 Investigación según tema Construcción: Elaboración propia. Dentro del rastreo se encontró que existen muchas más investigaciones sobre Granada dirigidas a la reparación, las víctimas, el apoyo psicológico y psicosocial, la memoria, las políticas de restauración e incluso proyectos de reintegración; todo esto construido desde el Salón del Nunca Más, como lo analizan Elkin Rubiano Pinilla (2017), Jacobo Cardona Echeverri y Marisol Grisales (2011) y Claudia Patricia Zuluaga Salazar (2019) en sus textos, resaltando en ellos la importancia de la memoria como herramienta para la dignidad de las víctimas. A propósito de este tipo de estudios, Zuluaga (2019) maneja la temporalidad que se expone en esta investigación, pero con un enfoque hacia las mujeres víctimas del conflicto armado en Granada. Asimismo, se analiza el caso de San Carlos en el texto de Restrepo (2016). Dentro de estos documentos, lo planteado por los autores está relacionado con el estudio de los hechos relacionados con las víctimas indirectas de las ejecuciones extrajudiciales, lo cual, dentro de la idea de la restauración y no olvido, es una gran ayuda para comprender el perfil de las víctimas, su estilo de vida y las razones por las cuales pudieron ser seleccionados de forma arbitraria para ser presentados falsamente como guerrilleros dados de baja en combate. Esa aproximación es funcional desde el análisis de la población, pero este estudio busca un análisis a mayor profundidad de la política de seguridad que se implementó en aquella década y también comprender qué pasaba antes de esa misma política. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 18 Gran parte de la documentación encontrada no está directamente dirigida a Granada, pero sí conecta a las ejecuciones extrajudiciales en el carácter nacional, además de hablar temas como la responsabilidad del Estado, garantías de no repetición, Estado de derecho, etc. Estos documentos se separan de la investigación de acuerdo con los conceptos trabajados, pero en cierta medida son funcionales para comprender la visión legal o sociológica que se le ha brindado a este tema. Dentro de los autores que se utilizarán directamente para guiar este trabajo, se encontró una gran relación entre el tema de investigación y la metodología utilizada por ellos. Mientras se realizaba una búsqueda para entender la relación entre la política de seguridad, los casos de ejecuciones extrajudiciales y el uso de incentivos para miembros de las fuerzas armadas, se pudo comprender que la política de seguridad estaba viciada desde su concepción, o sea, de una u otra forma, era claro que sucedería lo que lastimosamente terminó sucediendo. Dentro de esta línea se recoge el planteamiento de Arroyave (2020) de la Universidad EAFIT, quien realiza un análisis del conflicto armado y la política exterior durante los periodos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, tomando en cuenta esta revisión documental, se encuentra una temporalidad clara dentro del estudio de los falsos positivos (2002-2008), lo cual deja por fuera los años de 1997- 2001, años que terminan siendo fundamentales para entender los casos ocurridos en Granada y la conexión entre el aumento de casos dentro del marco de la política de Seguridad Democrática. La riqueza documental para el estudio del caso planteado en esta investigación comprende una amplia calidad de documentación, que es funcional para analizar el caso de Granada y las ejecuciones extrajudiciales y, a su vez, permite guiar el trabajo con investigaciones similares o comparables en el tema, que en gran medida están en universidades de otras ciudades, donde más del 70% de los textos, tesis y documentos en los que está sosteniendo la investigación, son de universidades de Bogotá (Figura 1) y de menor manera de universidades de la costa caribe y de otras regiones del país que alimentan la matriz documental. Algunos de los documentos están concentrados en la ciudad de Medellín, en universidades de carácter público como es la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional sede Medellín y otras universidades privadas como la Universidad EAFIT, Universidad de Medellín, entre otras. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 19 Esto deja en la mesa el trabajo que se ha realizado con base en las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, en especial en el departamento de Antioquia. Otra parte de la documentación retoma las experiencias nacionales para ubicar la investigación dentro de los casos similares ocurridos en el país e igual que en el departamento, es aquí donde se toman los textos allegados al tema de investigación dentro de la temporalidad definida. De esta manera se incorporan los avances de investigaciones de autores como Durán y Castillo (2022) quien explica de forma clara cómo la política de seguridad y la estructura de las fuerzas armadas explican el devenir de los mal llamados falsos positivos. De acuerdo con el autor, en el caso colombiano se habrían podido prever las ejecuciones extrajudiciales tras la implementación de la política de seguridad Democrática. Es a raíz de trabajos como el de Sebastián Durán, y demás autores (2022), donde se sentarán las bases del presente trabajo, dirigido a dar la respuesta dentro de la temporalidad 1997-2005 y de la metodología de rastreo documental para apoyar las bases teóricas. El colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad (2007), con el apoyo de la plataforma de Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), llevó a cabo una investigación sobre el conflicto armado interno en Colombia, centrada en las ejecuciones extrajudiciales en el oriente antioqueño, a raíz de las constantes denuncias y alertas por violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública en la región. Dicha investigación se destaca por su amplitud y rigurosidad en el abordaje de las víctimas, actores, hechos y testimonios relacionados con los denominados falsos positivos en Granada y municipios aledaños. Por esta razón, constituye un insumo fundamental para el presente trabajo, al aportar bases metodológicas de rastreo documental y un sólido marco de análisis desarrollado por los autores y organizaciones que trabajaron el caso. Gran parte del sustento teórico de esta investigación se apoya en dicho estudio, dada su relevancia y la solidez que brinda a un ejercicio académico de esta naturaleza. De esta manera la presente investigación retoma la posición de tres autores que trabajan de cerca las ejecuciones extrajudiciales desde un plano histórico, un plano geográfico local y el tercero, desde una perspectiva de la estructura de las fuerzas armadas. El por qué de la elección de las siguientes perspectivas, se responde de acuerdo con la necesidad del desarrollo de la investigación, que necesita comprender el contexto temporal para así contrastar la diferencia entre FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 20 los casos de ejecuciones extrajudiciales con la aplicación de la Seguridad Democrática y del manejo de estos. Frente a la limitación temporal que buscó la investigación (1997-2005) hay ciertas deficiencias dentro del rastreo documental, pues gran parte solo arrojan en la temporalidad donde los falsos positivos tomaron gran relevancia que fueron los años 2002-2008, pero sí hay un amplio manejo del tema antes y después de la aplicación de la política, que permite marcar una diferencia entre el antes y el después de la puesta en marcha de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 21 3 Marco teórico Muchos de los objetivos de la política de seguridad fueron tomados por algunas facciones de la Fuerza Pública para llevar a cabo actos que atentaban directamente contra los derechos humanos, acciones que se excusaban bajo la idea de las nuevas directrices de la “Seguridad Democrática” o con la idea de casos aislados, que al final cambiaron el camino que la guerra ya marcaba, y es que la población civil dejaría de ser una víctima por retaliaciones, enfrentamientos, desplazamientos, etc.; y se convertiría también en una pieza más para conseguir el objetivo, o sea, otro punto estadístico en las ecuaciones de la guerra. Las Ejecuciones Extrajudiciales fueron el claro ejemplo del deterioro de los derechos humanos en la guerra en Colombia, no solo por la cantidad de víctimas que hoy en día según la JEP es de alrededor de 6.402 víctimas en todo el país, sino por quienes las cometieron (JEP, 2025). Para la comprensión de los falsos positivos en Granada-Antioquia, se hace una revisión de la literatura existente que permite la explicación no solo histórica, sino estructural de los hechos, es por esto que, para guiar la investigación, se tendrán como partida dos autores que comparten su línea investigativa en el caso de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Los trabajos de Cárdenas y Villa (2013) y de Durán y Castillo (2022) se apoyan en la teoría del principal-agente, desarrollada inicialmente en el campo de la economía por autores como Laffont y Martimort (2002), y trabajado por Jacqueline H. R. De Meritt (2015), en relación con el ámbito gubernamental y militar. Retomada desde la Ciencia Política, esta teoría se entiende como el uso de un medio para alcanzar un objetivo y se explica, de manera general, a través de la relación entre un actor denominado principal (quien diseña la estructura, pero no la ejecuta) y un agente (encargado de llevar a cabo las acciones diseñadas por el principal). En la práctica, esta relación puede generar una serie de complejidades, particularmente cuando se traslada del ámbito económico al social. Una de las principales dificultades radica en la existencia de información imperfecta: el principal no posee un conocimiento completo —y en ocasiones ni siquiera parcial— https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022002713515406#con FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 22 de lo que el agente ejecuta, mientras que es este último quien concentra toda la información relativa a la implementación de la actividad (Spence y Zeckhauser, 1971). En esta línea, Cárdenas y Villa (2013) utilizan el modelo para examinar cómo el principal no siempre puede garantizar que el agente ejecute de manera fiel las directrices, debido a la falta de información y a la autonomía que este último adquiere durante la implementación. Por su parte, Durán y Castillo (2022) amplían la perspectiva: para ellos el problema no radica solo en la información incompleta, sino también en los conflictos de intereses y en la negociación política. Señalan que aun cuando el principal disponga de información suficiente, el agente puede actuar según sus propios objetivos, modificando o reinterpretando las órdenes recibidas. Esta lectura subraya el carácter político de la relación, en la que el control no depende únicamente de incentivos o sanciones, sino de correlaciones de fuerza y de las capacidades de cada actor. A partir de estos aportes, se concibe la relación principal–agente como un proceso de delegación política sujeta a condiciones cambiantes. Se trata de una relación política porque involucra autoridad, distribución de poder y capacidad de decisión y es condicional porque depende de la interacción de tres factores críticos: Primero, las normas e incentivos que enmarcan la tarea, es decir, el diseño institucional mediante el cual se busca que el agente actúe conforme a los intereses del principal. Este diseño incluye tanto mecanismos de supervisión —las inversiones que realiza el principal para vigilar y controlar la conducta del agente— como dispositivos de rendición de cuentas que obligan al agente a demostrar que está cumpliendo con el mandato recibido. Sin embargo, estos mecanismos nunca son completamente efectivos. Siempre subsisten espacios de divergencia porque resulta demasiado costoso —o técnicamente imposible— eliminar por completo las discrepancias entre lo que el principal desea y lo que el agente efectivamente hace. Esta realidad implica que ningún marco normativo puede ser totalmente exhaustivo ni garantizar una alineación perfecta de intereses, dejando inevitablemente márgenes de discrecionalidad al agente. Segundo, los intereses divergentes que pueden llevar al agente a actuar estratégicamente incluso con información transparente. La teoría del principal-agente parte de una premisa fundamental: si principal y agente buscan maximizar su propia utilidad, no existe garantía alguna FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 23 de que el agente anteponga sistemáticamente el interés del principal al suyo propio. Esta divergencia no es necesariamente producto de la ocultación de información, sino que puede manifestarse abiertamente cuando el agente tiene capacidad de tomar decisiones que afectan al principal sin requerir su autorización explícita para cada acción concreta. Esto ocurre porque la delegación se estructura mediante mandatos que son inevitablemente incompletos: no pueden contemplar de antemano todas las contingencias posibles ni especificar con precisión absoluta cómo debe actuar el agente en cada circunstancia. En este contexto, el agente puede comportarse oportunistamente, aprovechando los espacios de discrecionalidad para favorecer sus propios objetivos —ya sea acumular más poder, ampliar su presupuesto, extender su autonomía, o simplemente reducir su esfuerzo— incluso cuando eso no coincide con las preferencias del principal. Tercero, las asimetrías de poder e información que determinan el grado real de autonomía del agente frente al principal. Estas asimetrías son inherentes a toda relación de delegación: el principal encarga al agente precisamente porque éste posee conocimientos especializados, capacidades técnicas o acceso a información que el principal no tiene o no puede manejar directamente. El agente, por estar más cerca de la implementación de las políticas, conoce mejor las contingencias reales, los obstáculos prácticos y las oportunidades que surgen en el terreno. Esta ventaja informativa dificulta enormemente que el principal pueda supervisar efectivamente el desempeño del agente y determinar si su actuación es realmente óptima o si, por el contrario, está desviándose del mandato. La dificultad se agrava cuando el principal es una entidad colectiva — como un parlamento, un electorado o una organización internacional— pues entonces el agente enfrenta una contraparte difusa, con limitada capacidad de coordinación para ejercer control efectivo y con intereses internos potencialmente heterogéneos. Bajo esta mirada, el agente deja de ser un ejecutor pasivo o un simple receptor de incentivos para convertirse en un actor con agenda propia, capaz de reinterpretar, adaptar o incluso alterar los objetivos originalmente fijados. Esta capacidad deriva de su posición privilegiada en la estructura de la relación: controla directamente los recursos o instrumentos delegados, posee información superior sobre las circunstancias que enfrenta en la práctica y puede aprovechar la dificultad del principal para observar y evaluar su comportamiento real. El agente no solo implementa políticas, FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 24 sino que las interpreta, les da contenido específico y, en ese proceso, puede reorientarlas según su propia visión o intereses. La posibilidad de que el agente se desvíe de las instrucciones originales —o de que redefina los objetivos de la política según sus propias preferencias— no es un fallo ocasional que pudiera corregirse con mejores diseños institucionales, sino una característica estructural de cualquier relación donde existe separación entre quien otorga el mandato y quien lo ejecuta. Cuando quienes toman decisiones cotidianas no son los mismos que asumen las consecuencias últimas de esas decisiones, los incentivos se distorsionan inevitablemente. Así, la teoría del principal–agente trasciende la idea de un mero problema de control que pudiera resolverse con los incentivos o mecanismos de supervisión correctos. Se entiende mejor como un marco dinámico de interacción en el que información, intereses y poder se entrelazan de formas complejas y pueden reconfigurar el diseño inicial de una política. En este marco, tres dinámicas operan simultáneamente: ● La incompletitud del mandato: Las instrucciones o regulaciones que enmarcan la relación no pueden prever todas las circunstancias, lo que otorga al agente discrecionalidad interpretativa que puede ejercer a su favor, presentando sus decisiones como legítimas implementaciones del mandato cuando en realidad responden a sus propias preferencias. ● La asimetría en la capacidad de acción: Mientras que el principal (especialmente cuando es colectivo) enfrenta problemas de coordinación para vigilar y sancionar efectivamente, el agente individual puede actuar estratégicamente con mayor facilidad, rapidez y coherencia, aprovechando los tiempos muertos (períodos de inactividad) de la supervisión. ● La dependencia del principal: Una vez delegada la autoridad y comprometidos recursos en la relación, el principal se vuelve vulnerable porque ya no puede retirar fácilmente el mandato sin costos significativos. El agente puede aprovechar esta dependencia para renegociar términos, expandir su autonomía o resistir intentos de control. Este enfoque permite comprender de manera precisa el caso de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Granada, Antioquia, entre 1997 y 2005. La política de seguridad FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 25 impulsada por el presidente Álvaro Uribe actuó como el diseño institucional del principal, al establecer las directrices generales de acción no solo para las Fuerzas Armadas de Colombia, sino también para otros cuerpos de seguridad e, indirectamente, para la población civil. Aunque dicha política nunca incluyó órdenes explícitas de asesinar a civiles para presentarlos como guerrilleros abatidos, sí generó incentivos y márgenes de discrecionalidad que facilitaron conductas desviadas. La limitada capacidad de supervisión del Estado permitió que el agente (en este caso las Fuerzas Armadas) reinterpretan las orientaciones oficiales, dejando abierta la posibilidad de que las metas de seguridad se persiguieran mediante prácticas contrarias a los objetivos y valores formales de la política. Es aquí donde entra el modelo de principal-agente Dentro de la teoría del diseño de mecanismos, una relación principal-agente bajo riesgo moral aparece cuando el principal no es capaz de observar las acciones que realiza el agente y, en consecuencia, enfrenta problemas de información asimétrica que deben ser tenidos en cuenta a la hora de crear los incentivos para este último. (Cárdenas y Villa, 2013, p. 3) El concepto de "riesgo moral" en la teoría del principal-agente ayuda a explicar lo que ocurrió cuando existía confianza ciega o, como se explicó anteriormente, nula vigilancia sobre el proceso de ejecución de la política de seguridad democrática. Las unidades militares efectivamente cumplían con las órdenes recibidas: presentaban bajas en combate para recibir los beneficios prometidos (recompensas económicas, permisos, ascensos) y organizaban todo lo necesario para alcanzar los objetivos operacionales planteados por los mandos superiores. No se puede afirmar que las unidades militares desobedecieran o ignoraran las órdenes; por el contrario, las cumplían al pie de la letra. El problema fundamental radicaba en cómo las cumplían. Aquí es donde la teoría del principal-agente se vuelve especialmente útil para comprender la dinámica: la misma estructura de la política —con sus incentivos centrados en el conteo de bajas y su ausencia de mecanismos robustos de verificación— daba cabida a que se emplearan métodos ilegales para alcanzar las metas establecidas. Las unidades militares buscaban ser eficaces en el cumplimiento de las cuotas de bajas sin que esto coincidiera necesariamente con los objetivos formales del gobierno de debilitar a los grupos armados al margen de la ley. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 26 Es así como se rompe la cadena de información entre el principal (el gobierno) y el agente (las unidades militares que ejecutaban las operaciones). La información sobre lo que realmente ocurría en terreno —si las bajas correspondían a combates legítimos o a ejecuciones extrajudiciales de civiles— quedaba concentrada en el nivel operativo. El único actor con conocimiento completo de cómo se obtenían los resultados era el agente: las unidades militares que llevaban a cabo las operaciones conocían exactamente qué métodos empleaban, quiénes eran realmente las víctimas presentadas como guerrilleros y bajo qué circunstancias se producían las bajas reportadas. En este caso el principal sería el gobierno colombiano a través de la política de seguridad y el agente serían las fuerzas armadas, es de aquí que existe esa interrupción de información entre el principal y agente, pues, aunque las directrices están puestas en la mesa, el agente las llevará a cabo, sea o no relacionada con la forma que espera el principal, solo buscando los resultandos que este pide o exige. Por otro lado, con la teoría con la cual desarrollan su trabajo, que es la de la zanahoria- Garrote, cuestionan la falta de mecanismos de control, la inquietud parte del hecho de que, si bien la política impartía beneficios por resultados, no había mecanismo alguno para darle un seguimiento estricto a las unidades militares, ya sea por el costo o la poca eficiencia del Estado. De hecho, Sebastián Durán y María del Pilar Castillo (2022) de la Universidad del Valle, sustentan su trabajo con la misma teoría, pero esta vez dirigida a una estructura en específico que sería el sujeto, o sea, las fuerzas armadas o la estructura de las fuerzas armadas, quienes, en este caso, utilizan la misma respuesta y claramente atribuyen como posible hecho causal el programa de incentivos, pero centran la mirada a los altos mandos, esto por la jerarquía que existe en la institución. Observando la violencia generalizada por parte de agentes del Estado en contra de la población civil, centran la teoría del principal-agente en responder a las ordenes impartidas no de la política de seguridad que de forma implícita no dejaba mucho de lo cual analizar, pero sí daba mucho a interpretar para los altos mandos, quienes de forma explícita ordenaban resultados (muertes en combate). La presión de estos, sumado a los incentivos que ofrecían, era el ambiente propicio para que unidades sin observación de alguna otra entidad cometieran delitos con tal de ser FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 27 beneficiados y no castigados, el trabajo psicológico y moral, añadido a la poca justicia del país y su nula capacidad de resolver delitos en la justicia ordinaria, mucho menos en la justicia penal militar, y la subordinación sin reproche alguno, eran factores propicios para que la teoría del principal-agente tuviera toda la relevancia posible. El agente con todo a su favor para cumplir con su objetivo a como dé lugar y el principal que solo esperaba el logro de dicho objetivo sin propender por saber cómo se daba el resultado. Estos dos conceptos, aunque parten de la misma teoría o modelo con visiones distintas, permiten guiar el desarrollo de la investigación con las bases teóricas que podrían dar respuesta a los objetivos de esta, respondiendo a los sucesos de Granada y, a su vez, encontrar una razón o varias, dentro de lo posible, a lo que ocurrió dentro de la temporalidad y la posibilidad de acercarse a una responsabilidad individual o compartida en términos de las entidades responsables. Por eso es necesario conocer los hechos y los sucesos desde cuándo y dónde ocurrieron. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 28 4 Granada – Antioquia en el marco del conflicto armado colombiano El municipio de Granada se posiciona como un municipio estratégico en la región nororiente del país al ser parte de la Provincia de Agua, Bosques y Turismo, de la cual también hacen parte otros 11 municipios del departamento de Antioquia. Este municipio que limita con Guatapé, El Peñol y San Rafael, también es cercano a los embalses más grandes del nororiente y hace parte de un área montañosa que desempeña un papel esencial en el panorama energético y económico de la región. Granada se ubica aproximadamente a 90 kilómetros de Medellín, la capital del departamento, encontrándose en un enclave estratégico en la red hidrográfica de Antioquia, esto le otorga una importancia significativa en la generación de alimentos, al ser conocida como una de las despensas agrícolas del oriente. Todos esos puntos positivos para el municipio, a su vez fueron el imán de atracción a distintos actores que dejaron a este municipio inmerso en el conflicto armado. De esta manera la cercanía a los embalses, las torres de energía, la cercanía a autopista Medellín-Bogotá y la importancia en materia alimentaria que representa el oriente antioqueño para Medellín, abrieron el interés de grupos armados ilegales en búsqueda del ingreso y control al municipio, el cual a la postre terminaría con la disputa entre diferentes actores armados legales e ilegales en busca del control de la zona. La presencia de este tipo de actores propios del conflicto armado nacional, como grupos guerrilleros, paramilitares y las propias fuerzas del Estado, ocasionó que el control territorial se encontrara en disputa, a la vez que dejaban a la población civil en medio de los intentos de tomar el poder donde se expone la instrumentalización de la población civil y la presión que esta tenía por no quedar neutra en una guerra de la cual no hacían parte, pero en la cual los grupos guerrilleros o paramilitares les obligaban a escoger bando, sea mediante represión, ataques a infraestructura eléctrica, asesinatos selectivos de civiles, etc. (CNMH, 2016). En este contexto, Granada tomó relevancia a partir de distintos hechos que serán tomados en cuenta en este texto, incluyendo la temporalidad que parte desde 1997, año en el cual se tomará FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 29 la mayor incidencia de grupos ilegales que llegaban o ya se encontraban en la zona, hasta 2005 que es el año en el que en teoría terminaría la desmovilización en el proceso de paz con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), mismas desmovilizaciones que se tuvieron que extender hasta agosto de 2006 y dentro del trienio 2002-2005 se aprobó la política de seguridad democrática. Este conjunto de factores no solo permitió la presencia de grupos insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional –ELN– y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo –FARC - EP–, sino también grupos paramilitares (Bloque Metro, Bloque Cacique Nutibara y Bloque Héroes de Granada) que buscaban dentro de lo planteado desde su creación, la erradicación de cualquier tipo de movimiento insurgente en la región del oriente antioqueño, como lo estableció el entonces jefe paramilitar Carlos Castaño, cuando mediante volantes arrojados desde un helicóptero expresa lo anteriormente planeado, que es la intención de quitarle espacios a la guerrilla en esta zona (CNMH, 2016). Entre 1980 y 1999, el municipio de Granada experimentó una prolongada etapa de violencia asociada al conflicto armado colombiano. Durante esos años, diferentes grupos al margen de la ley disputaron el control territorial, político y económico, alternando su presencia e influencia a medida que avanzaba la década. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hicieron su ingreso de manera tardía, alrededor de 1987, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya había establecido una base operativa más sólida en la región. Aunque en ese periodo se registraron choques aislados entre ambas guerrillas, estos resultaron menores frente al episodio ocurrido en 1988, considerado un punto de inflexión para la comunidad local. El 11 de junio de ese año, las FARC y el ELN, actuando de forma coordinada bajo la estructura de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, ejecutaron una incursión en el casco urbano de Granada. En esta acción, cerca de ochenta integrantes de ambas organizaciones atacaron de manera simultánea la Caja Agraria, la administración de Rentas Departamentales, una cooperativa campesina y una agencia de compra de café. Esta operación, planeada con antelación, evidenció no sólo la capacidad de las guerrillas para actuar de manera conjunta, sino también la vulnerabilidad de las instituciones locales y el alto grado de exposición de la población civil a la confrontación armada (CNMH, 2016). FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 30 Para comprender la complejidad social y de seguridad que acontecía en la región entre estos años, a continuación, en la Figura 3 se comparan datos de homicidio en el municipio desde 1990 hasta el 2005, de acuerdo con la información consignada en la revista Forensis; Datos para la vida del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia -INMLCF-, y por la Fundación Ideas para la Paz -FIP-. Figura 3 Homicidios en Granada 1990 a 2005 Nota. elaboración propia a través de INMLCF (2005); FIP (2016). A partir del año de 1997 el ELN y las FARC - EP tejieron alianzas en el municipio con la intención de sostener el control de la vía Medellín-Bogotá, esta situación cambió al momento del ingreso a Granada de los grupos paramilitares del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-. El nacimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia en 1997 permitió que en ciertas zonas del país como en Granada, algunos frentes de las guerrillas dejaran de ver al otro grupo insurgente como un enemigo sino como un aliado. Por ejemplo, la alianza que tejieron las FARC- FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 31 EP y el ELN, para contrarrestar la llegada de las AUC, que colocaba bajo la lupa la región del oriente antioqueño, en especial municipios como Granada, pues era visto en la esfera nacional como un “municipio guerrillero”, por la presencia, asentamiento y control que estos tenían en la zona (CNMH, 2016). El conflicto en Granada no solo incorporó nuevos actores, sino que también intensificó la violencia ejercida contra la población civil. Secuestros, asesinatos, extorsiones, torturas y amenazas se convirtieron en prácticas frecuentes. La presencia de las guerrillas actuó como un imán que atrajo a los grupos paramilitares, dando lugar a una disputa por el control territorial del municipio. Frente a esta situación, después de 1997 el Estado, a través de las Fuerzas Militares, emprendió diversas operaciones con el objetivo de recuperar la autoridad en la zona. Los datos representados en la Figura 3 muestran una tendencia llamativa: entre 1997 y 1999 se observa una reducción en los homicidios. Este comportamiento podría explicarse por la alianza establecida entre las FARC-EP y el ELN, cuya capacidad de coerción sobre la población superó temporalmente la de los grupos paramilitares recién llegados. Dicha alianza, vigente aproximadamente entre 1997 y 2000, generó una relativa contención de ciertos delitos, incluido el homicidio. Sin embargo, a partir del inicio del nuevo siglo la situación cambió de manera drástica: en el año 2000 se registró un incremento desproporcionado de homicidios en comparación con los años previos y para 2002 la cifra había crecido cerca de un 200 %. Este comportamiento contrasta con la idea común de que la entrada de nuevos actores armados provoca de inmediato un aumento de la violencia letal. Por el contrario, la experiencia de Granada muestra que la irrupción de los paramilitares entre 1997 y 1998, no generó de forma automática un alza en los homicidios, sino que este repunte se produjo de manera diferida. El conflicto se complejiza aún más cuando existían enfrentamientos entre ambos grupos guerrilleros, como ocurrió a finales de 19991, lo que llevó a tensar las relaciones entre los grupos, o cuando existían ataques de uno de los grupos a los habitantes y sucesivamente llegaban ataques 1 Miembros del Frente 9 y 47 de las FARC les dieron muerte a cinco integrantes del Frente Carlos Alirio Buitrago perteneciente al ELN (CNMH, 2016, p. 90). FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 32 por parte del otro bando, dejando a la población en el medio del conflicto. Tal y como ocurrió con la toma del casco urbano el 3 de noviembre del año 2000 por parte de paramilitares del bloque Metro, dejando un saldo de 19 personas muertas, de las cuales seis eran adultos mayores de 60 años, dos menores de edad y el resto personas conocidas del sector2, a las semanas de acontecido este atroz suceso, exactamente en el mes de diciembre, las FARC toman la zona urbana del municipio como una represalia por la masacre realizada días atrás por el grupo paramilitar, en este caso, el grupo guerrillero hizo uso de un “carro bomba” cerca a la estación de policía que devastó gran parte del casco urbano, luego siguieron enfrentamientos hasta la mañana siguiente, dejando un saldo de 23 personas muertas, 18 de ellas civiles y 5 uniformados de la PONAL3. El Ejército colombiano buscó recuperar el territorio mediante distintas operaciones, como es el caso de la Operación Lusitania llevada a cabo en el año 19994 (CNMH, 2016), donde la población civil sufrió atropellos por parte de miembros del Ejercito con la excusa de que estos eran “ayudantes de las guerrillas”. Desde la creación de las primeras guerrillas y la llegada del narcotráfico, se habían forjado cooperaciones necesarias para la lucha contra estos, si bien todo había sido parte de un muro de contención contra el comunismo, después de la caída de la URSS no existía ese enemigo a nivel mundial por el cual mantener las alarmas; sin embargo, en Colombia la situación era un tanto distinta. El Estado colombiano mantenía una relación estrecha con los Estados Unidos, particularmente en el ámbito militar. No obstante, el auge del narcotráfico introdujo transformaciones significativas en dicha relación, orientando la política de seguridad hacia la 2 “Miembros del Bloque Metro reconocieron que, en efecto, esta masacre fue ordenada por su máximo comandante Mauricio García Fernández, alias Rodrigo Doblecero, que en ella habían usado brazaletes del ELN para confundir a la población y que asesinaron personas consideradas auxiliares de la guerrilla” (CNMH, 2016, p. 99). 3 Policía Nacional de Colombia. 4 “Este resultado se dio en desarrollo de la operación Lusitania, que emprendió el Ejército para desmantelar los campamentos de los dos grupos subversivos. El comandante de la IV Brigada, general Eduardo Herrera Verbel, dirige personalmente las operaciones que le han permitido desmantelar cinco campamentos provisionales con capacidad para unos 150 hombres cada uno. Allí se encontró material de guerra, documentos y panfletos publicitarios” (El tiempo, 1999). FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 33 intensificación de la militarización de la Policía Nacional, a la cual se le asignaron funciones de inteligencia en el marco de la lucha contra este fenómeno. Dichas competencias habían sido, tradicionalmente, atribuidas a las Fuerzas Militares en el contexto de la confrontación con los grupos insurgentes. De manera paralela, el Ejército fue instruido bajo los lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), que posteriormente alcanzaría un papel central en la estrategia estatal. En lo que respecta a la presencia militar en las zonas rurales, esta resultaba limitada en cuanto a armamento y personal en comparación con las áreas urbanas, dado que el conflicto se había desplazado progresivamente de los territorios rurales hacia los centros urbanos, en buena medida como consecuencia del narcotráfico. En las zonas rurales comenzaron a consolidarse grupos armados que buscaban la erradicación de las guerrillas, las cuales ya habían incursionado en el narcotráfico como mecanismo adicional de financiación. Con el paso del tiempo, y en distintos municipios del territorio nacional, dichos grupos pasaron a ser denominados paramilitares, quienes, ante la ausencia de una respuesta efectiva del Estado a través de sus Fuerzas Militares frente a las acciones insurgentes, conformaron una de las estructuras armadas ilegales más poderosas en la historia reciente del país. La presencia simultánea de guerrillas y paramilitares en las zonas rurales, sumada a los procesos de paz fallidos y a la limitada capacidad militar del Estado, llevó al presidente Andrés Pastrana a impulsar una salida mediante la cooperación internacional. En este contexto surgió el “Plan Colombia”, que destinó cuantiosos recursos al fortalecimiento del Estado colombiano, los cuales fueron dirigidos en su mayoría al incremento de las capacidades militares de las Fuerzas Armadas. A lo anterior se sumaron los cambios en la política internacional sobre la lucha contra el terrorismo, promovidos desde Estados Unidos, que otorgaron un impulso adicional para que, en el año 2002, el entonces presidente recién electo presentara, bajo los lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional, su propia política de seguridad: la “Política de Defensa y Seguridad Democrática” como lo afirman en su texto Gonzalez y Betancourt (2018). De esta manera, el apartado siguiente —dedicado a la Política de Defensa y Seguridad— se constituye en un eje central para analizar los cambios normativos y estratégicos que marcaron FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 34 el desarrollo del conflicto en Granada y que resultan esenciales para responder la pregunta de investigación. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 35 5 Política de Defensa y Seguridad Es a partir de este punto se desarrolla el caso del conflicto armado en Granada como un objeto de estudio útil para entender si algún cambio dentro de la estructura normativa o política del Estado colombiano influyó en el tratamiento de la guerra y de los civiles ¿Por qué esta idea? En los inicios de la década del 2000, los cambios de administración a nivel nacional (presidencia) abrieron el campo a un giro en torno a las políticas de seguridad, lo que reconoció como “Seguridad Democrática”. Para este entonces y con el cambio en la presidencia en 2002, la política de seguridad nacional pasó a llamarse “Seguridad Democrática”, la cual estableció dentro de su marco de acción el control militar de “zonas rojas” tomadas por los grupos subversivos (guerrillas), y que, dentro de la política de seguridad contaba con el objetivo de entregar los mejores resultados operacionales frente al enemigo (Colombia, Ministerio de Defensa, 2003). La Política de Defensa y Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez se presentaba como la reestructuración de un nuevo Estado dirigido a la protección de los derechos del ciudadano dentro de la idea de fortalecer el brazo armado del mismo Estado (Colombia, Ministerio de Defensa, 2002), se utilizaron líneas estratégicas para fijar la política donde cada eje cumplía la función específica de ser el engranaje del siguiente eje, es por eso que la presentación de la política por parte del Ministerio de Defensa estableció seis líneas de acción: ● Coordinar la acción del Estado ● Fortalecer las instituciones del Estado ● Consolidar el control del territorio nacional ● Proteger a los ciudadanos y la infraestructura de la Nación ● Cooperar para la seguridad de todos ● Comunicar las políticas y acciones del Estado Esto, a su vez, buscaba una integración de la población civil para la contribución a la protección de los valores democráticos que encerraba la palabra “Seguridad democrática”. La política parte de cinco objetivos estratégicos específicos para cumplir con el objetivo general de la política, estos son: consolidación del control estatal del territorio; protección de la población; FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 36 eliminación del comercio de drogas ilícitas en Colombia; mantenimiento de una capacidad disuasiva; y eficacia, transparencia y rendición de cuentas. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 37 5.1 ¿Qué son las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos? Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una ejecución extrajudicial se produce, “cuando se lleva a cabo la privación de la vida de cualquier persona por parte de miembros del Estado o con complicidad de ellos sin un proceso judicial o legal que lo disponga” (CIDH, 2016). En este orden de ideas, es cualquier homicidio cometido por agentes del Estado sea cual sea su rango o posición sin tener en cuenta las medidas legales dentro de un marco de acción ya tipificado para estos casos. En el caso colombiano, estos fueron llevados a cabo por gran parte de miembros de la Fuerza Pública en complicidad con grupos paramilitares y terceros civiles. Para la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) las ejecuciones extrajudiciales ocurren: Cuando una persona en una posición de poder (cargo público) mata intencionalmente a alguien sin seguir un proceso legal. Este tipo de privación arbitraria de la vida, que también puede ser llevado a cabo por milicias, escuadrones de la muerte u otros grupos no estatales, suele estar dirigido contra opositores políticos, activistas o comunidades marginadas. (OMCT, 2025) Se habla de ecuaciones de la guerra en este caso por lo que sostienen varios miembros de la institución militar: se entregaban incentivos monetarios, físicos, alimenticios y demás para presentar resultados positivos (guerrilleros dados de baja), esto es sustentado por ex militares o militares activos, como es el caso del Teniente Coronel (r) Róbinson González del Río5 quien comentaba que estos “estímulos” permitieron una alteración en la búsqueda de resultados, o sea, utilizar a civiles inocentes para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. 5 “El teniente coronel (r) Robinson González del Río, que ha admitido en forma pública tener responsabilidad en al menos 27 casos de falsos positivos, declaró a la Fiscalía que varios generales sabían de, autorizaron y/o encubrieron estos delitos cometidos por sus tropas. González del Río también contó a fiscales que el General (r) Mario Montoya, comandante del Ejército Nacional entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, presionó a comandantes subordinados para que incrementaran las estadísticas de muertes en combate (bajas), los sancionó cuando no lo hacían y fue el principal “motivador” de los falsos positivos” (Human Rights Watch, 2015). FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 38 Esto aumentaba de manera positiva los números de la guerra, es por esto por lo que las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales dejaban de ser el campesino o civil, al que por obligación se debía proteger y cambiaba de rol para ser una posible víctima, si cumplía con el perfil adecuado que buscaban los miembros del Ejército que ejecutaban estas conductas. Además, eran un número más en los datos de posicionamiento positivo de control territorial y recuperación nacional por parte de las fuerzas armadas; la población civil era tomada por la inteligencia militar como informantes, colaboradores e incluso insurgentes camuflados. Estas acciones fueron replicadas a lo largo y ancho del país, cada una de formas distintas por el contexto de cada región. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 39 6 Ejecuciones extrajudiciales Autores como Rodríguez (2020), afirman que el aumento en los casos de ejecución extrajudiciales desde la presidencia de Álvaro Uribe fue escalofriante. Según la JEP, existen registro de más de 6.402 víctimas en toda Colombia, entre 2002 y 2008, concentradas en 10 departamentos, además, explica como existe una historicidad de hechos cometidos bajo la misma modalidad, tal como fue el caso de Luis Fernando Lalinde y es así como lo reseña: El primer caso documentado en la base de datos del cinep como “falso positivo” corresponde a la captura, tortura y el posterior asesinato de Luis Fernando Lalinde por parte de la patrulla de infantería n.º 22 del Batallón Ayacucho del Ejército Nacional, al mando del coronel Henry Bermúdez Flórez, en octubre de 1984 (Rodríguez Gómez, 2020, p. 12). Esto permite partir de la idea que en realidad los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales no son un concepto creado a partir de la presidencia de Álvaro Uribe y su política de Seguridad Democrática, sino que se manejaba tiempo atrás para nombrar el mal proceder de las fuerzas del Estado en presentación de datos positivos en la guerra, incluso con un aumento significativo en las presidencias de la década de 1990. El contexto del narcotráfico, la promulgación de decretos que permitían la creación de grupos de seguridad como fue el decreto ley 356 de 1994, fachada por excelencia del “fortalecimiento legal de los paramilitares” (Rodríguez Gómez, 2020) permitieron un aumento, no tan significativo como en los años siguientes, pero sí una alta incidencia de los casos de ejecuciones extrajudiciales en zonas donde los grupos armados ilegales contaban con presencia. El asesinato de personas simpatizantes a la izquierda por parte de estos grupos abrió la puerta a una especie de práctica que sería explorada años más tarde, lo curioso en este caso, es que sí existe una disminución de los casos de falsos positivos en el tiempo en el que en el gobierno Pastrana se intentaba un proceso de paz con las FARC-EP, como lo establece Rodríguez (2020): FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 40 Figura 4 Ejecuciones extrajudiciales presidencia: Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos Nota. Elaboración propia a través de datos de CINEP (2011) y CINEP (2016). Esto busca responder una parte de lo que en la investigación trata y es si de verdad existe una relación entre la política de seguridad implementada a partir de 2002 o se trata de casos aislados; por el momento, resulta claro creer que en realidad sí influyó el modelo de seguridad, pero también comprender cómo se dio un trato distinto a la guerra y el proceder de la Fuerza Pública a la hora de efectuar sus operativos. Esto lo explica Juan Camilo Rodríguez Gómez (2020) al afirmar que “el ingreso de las guerrillas como el ELN y las FARC-EP a la lista de grupos terroristas a partir del año de 1997, influyó en el manejo distinto a la guerra” (p. 15). Es a partir de lo anterior que toma relevancia el manejo del concepto de Ejecuciones Extrajudiciales dentro de un marco de seguridad nacional, que no solo estaría acompañado de una alta crisis de violaciones a derechos humanos, sino también de ese conjunto de incentivos que llevaban a los militares a cometer los delitos, de acuerdo con lo cual podría considerarse que la práctica de los falsos positivos no trataba sobre casos específicos, sino que era el resultado de una FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 41 práctica de Estado que en la gran mayoría de casos cumplían con las mismas características. Existen otros autores que sí guían la responsabilidad a la política de seguridad denominada “Seguridad Democrática” y la denomina una política sangrienta, como es el caso de Elizabeth Alfaro, quien explica que, “aunque no existiera una orden expresa para hacerlo, si permitió la comisión de los delitos” (2018, p. 117) partiendo de la idea de que la presión desde el más alto de los escalafones a cumplir metas, que iban relacionadas con el número de bajas. Otro factor también influyó tanto en la realización de los actos como en el aumento de estos y es la misma calidad de subordinados que presenta esta entidad castrense y cualquier otro brazo armado del Estado, tanto para Becerra Ruiz (2020), Benavides Silva (2017), Cortés Pulido (2012) y Durán y Castillo (2022) el hecho no solo recae bajo el mal actuar de las fuerzas armadas; sino que, a su vez, a la misma organización de estas estructuras. Esto no busca dejar sin efectos o culpables a los soldados y altos mandos que cometieron estas barbaries, pero sí buscar que por encima de ellos existe una verdadera responsabilidad y que cumplían ordenes: ¿Hasta qué punto es considerable seguir órdenes? Ya eso es una pregunta para los que defienden la idea de un accionar sin pensar en las consecuencias o si realmente lo que se hace está bajo lo legal. Ya conociendo más el contexto histórico y estructural de los falsos positivos, es importante dirigirse hacia Granada como el eje de esta investigación, donde solamente la política de seguridad nacional influenció el aparato macabro para llevar a cabo estos actos, sino que a su vez también tuvo impacto en la estigmatización a las poblaciones por parte del gobierno mismo (Ramírez Valencia, 2020). Sumado a lo anterior, la irrupción de grupos paramilitares en conjunto con grupos guerrilleros, las posibles desmovilizaciones y el relevo de otros grupos (nuevos grupos paramilitares, en este caso Héroes de Granada, que pasó a tomar el puesto del Bloque Cacique Nutibara) dejó en cierta medida a Granada en el fuego cruzado y no solo eso, si no que el aumento de la violencia entre el año 2002-2006, representó un cambio significativo, frente a los años anteriores, puesto que el oriente antioqueño pasó a ser el punto estratégico para la recuperación por parte del Estado y el control de los paramilitares (Codehsel, 2007). FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 42 En este contexto, el municipio de Granada tomó amplia relevancia dentro de la esfera nacional e internacional en el marco del conflicto armado colombiano por ser parte de la región con la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional. La historia reciente de este municipio estuvo marcada por la violencia y el conflicto armado, especialmente entre los años 1997 y 2005. Este período es particularmente significativo debido a la intensificación de la presencia de grupos armados ilegales y a la respuesta militar del Estado, lo que resultó en un aumento de las violaciones de derechos humanos, entre las que se destacan las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados en la prensa y en el argot popular “falsos positivos” (CNMH, 2016, p. 69). Las ejecuciones extrajudiciales, son una de las manifestaciones más atroces del conflicto armado, las cuales implican la comisión de homicidios contra civiles a manos de fuerzas estatales6, quienes los presentan falsamente como miembros de las estructuras guerrilleras dados de baja en combate, con el objetivo de inflar las estadísticas de éxito militar; esto a su vez, con el fin de presentar a los altos mandos los resultados exigidos en materia de “bajas en combate” y, por esta vía, obtener posibles recompensas y beneficios. Este flagelo terminó por afectar profundamente a comunidades vulnerables en diversas regiones del país, incluyendo el oriente antioqueño, subregión donde se ubica el municipio de Granada. 6 También conocidas como Fuerza Pública o antiguamente llamadas “Fuerzas Armadas”. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 43 Figura 5 Departamentos de Colombia con más casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008 Nota. Elaboración propia basada en: Jurisdicción Especial para la Paz, Macro caso 03. https://www.jep.gov.co/macrocasos/caso03.html#container A propósito de esto, la Figura 6 presenta los números de ejecuciones extrajudiciales registradas en las diferentes subregiones de Antioquia entre 2002 y 2008, años en los que se habría concentrado la ocurrencia de este flagelo. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 44 Figura 6 Ejecuciones Extrajudiciales en Antioquia por subregiones, 2002 - 2008 Nota. Elaboración propia basada en datos de la JEP (2023). De acuerdo con la información referida en la Figura anterior, la subregión del Oriente antioqueño muestra cifras superiores a las de otras subregiones del departamento, con un total de 501 casos durante estos siete años. De esta manera, se confirma la concentración espacial de este fenómeno en esta región particular del departamento. La concentración de dichas ejecuciones toma especial relevancia si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la información aportada por la JEP (2023) y presentada en la Figura 2, el 25% de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país durante los mismos años (2002-2008) fueron llevadas a cabo en Antioquia, con un total de 1611 casos registrados en la entidad para este departamento7. En Granada, los posibles responsables o gran parte de la supuesta responsabilidad recaería en las distintas unidades del Ejército que contaban con presencia en el municipio, “estas fueron 7 Jurisdicción Especial para la Paz. (2021, 12 de febrero). Auto SRVR-033 del 12 de febrero de 2021, en el cual se señala: “El número de víctimas es tomado a partir de las 6402 víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en el país en la temporalidad 2002-2008, los que aparecen dentro de la gráfica son los ya contrastados por la entidad de acuerdo con informes entregados por entidades gubernamentales, ONG y sociedad civil”. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 45 Batallón de artillería #4 (BAJES)8 y, el Batallón de Caballería Mecanizada #4 (CMJCO)9” (Codehsel, 2007). De acuerdo con reportes de prensa de la época y como queda expuesto en el libro Granada: memorias de guerra, resistencia y reconstrucción (CNMH, 2016, pp. 108-109) el Ejército, a través de la IV Brigada, ejecutó diversas operaciones militares antes del año 2002, entre ellas la Operación Junco y la Operación Audaz. A partir de esa fecha y hasta el 2005 se evidenció un incremento significativo en el número de intervenciones, dentro de las cuales se destacan la Operación Neutrón (2002); la Operación Marcial Norte, la Operación Emperador, la Operación Élite y la Operación Martillo (2003); así como la Operación Espartaco y la Operación Ejemplar, desarrolladas entre 2004 y 2005. En el marco de estas acciones se documentaron algunos de los atropellos a los derechos humanos más representativos del conflicto armado en Colombia, cuya magnitud los ha convertido en referentes obligados para el análisis de este periodo. Tal y como lo establece el Codehsel (2007) en su libro sobre ejecuciones extrajudiciales en el oriente antioqueño, Granada presentaba 30 casos y 44 víctimas, seguido en la lista por el municipio de Cocorná con más de 10, Argelia y San Luis con más de 5 casos de falsos positivos dentro de la temporalidad de 2002-2006. Dicha información se resume en la Figura 7 8 A esta unidad se le atribuye la mayor participación en los casos de ejecuciones extrajudiciales en la zona, según informes de cooperación internacional de 41 casos entre las fechas de 2002-2006 (Codehsel, 2007). 9 Al cual se le atribuyen 21 casos en la misma temporalidad (Codehsel, 2007, p.33). FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 46 Figura 7 Ejecuciones extrajudiciales en el oriente antioqueño (2002-2006) Fuente: Colectivo de derechos humanos semillas de libertad (2007, p. 32). La siguiente tabla muestra la proporción de homicidios en contraste con las Ejecuciones Extrajudiciales entre el año 2002 - 2005 en el municipio de Granada: Tabla 1 Homicidios vs Ejecuciones Extrajudiciales en Granada Nota. Elaboración propia, tomado de INMLCF. Revista Forensis; Datos para la vida entre 2002 - 2005. En relación con el tema de estudio, es fundamental advertir que Granada no solo resulta relevante por el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, sino también por el contexto FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 47 particular en el que estas prácticas se desarrollaron. Tanto JEP (2023) que ofrece una contextualización territorial e institucional, y CNMH (2016), coinciden en que la región estuvo marcada por una intensa disputa territorial entre guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado. Adicionalmente, este último texto describe con detalle cómo el territorio fue transformándose a medida que la confrontación armada se recrudecía. Frente a esta situación, el Ejecutivo contempló dos grandes estrategias de seguridad. La primera, impulsada durante el gobierno de Andrés Pastrana, fue el Plan Colombia, un acuerdo de cooperación con Estados Unidos que fortaleció las capacidades de las Fuerzas Armadas y buscó debilitar a los grupos insurgentes. La segunda correspondió a la Política de Defensa y Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, orientada a recuperar el control territorial mediante el despliegue sostenido de la fuerza pública. Esta política, presentada en el documento oficial del Ministerio de Defensa (2003) en su apartado “III-Objetivos estratégicos”, priorizaba la protección de la población y de los intereses nacionales a través de la expansión gradual de la presencia estatal armada. Comprender estos dos momentos resulta crucial para explicar el escenario sociopolítico en el que se inscriben las ejecuciones extrajudiciales en Granada. El fortalecimiento militar derivado de la cooperación internacional bajo Pastrana, junto con la fallida negociación de paz con las FARC, preparó el terreno para que la “Seguridad Democrática” de Uribe operara sobre un territorio ya tensionado, configurando las condiciones que facilitaron las prácticas objeto de este estudio. De acuerdo con los elementos expuestos en las líneas anteriores, las decisiones de seguridad adoptadas en los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe trazaron el marco político y operativo que condicionó de manera directa la situación en Granada. El fortalecimiento militar derivado de la cooperación internacional, el fracaso del proceso de paz con las FARC y la posterior implementación de la Política de Seguridad Democrática no solo redefinieron la correlación de fuerzas a nivel nacional, sino que también intensificaron la presión contrainsurgente sobre territorios estratégicos del oriente antioqueño. Bajo este entramado, el municipio quedó expuesto a una presencia armada estatal cada vez más orientada a mostrar resultados operacionales, con amplios márgenes de discrecionalidad. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 48 El papel del Estado resultó determinante en los hechos que llevaron a Granada a ocupar un lugar central en la atención nacional e internacional, al convertirse en el municipio con mayor número de ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Antioquia. Entre 1997 y 2005 se produjo una escalada de violencias contra la población civil perpetradas por guerrillas, paramilitares y el propio Ejército Nacional. Dentro de este conjunto de agresiones destaca una práctica cometida de manera exclusiva por agentes estatales, asociada al denominado “avance positivo” de la guerra contrainsurgente: las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. Este fenómeno reviste especial interés para el análisis del conflicto armado en Granada precisamente por tratarse de acciones ejecutadas por las fuerzas del Estado. Según la JEP, los municipios de Cocorná, Granada y San Luis concentraron el 74 % de las ejecuciones extrajudiciales registradas en los primeros cuatro años de la Política de Defensa y Seguridad, con 55 casos y 84 víctimas, de las cuales Granada representó por sí sola el 44 % (JEP, 2023). FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 49 7 Víctimas Muchos de los casos de Ejecuciones Extrajudiciales correspondían a prácticas inhumanas por parte de algunas estructuras de la Fuerza Pública, misma práctica que terminaría adoptada para convertirse en un patrón criminal, como es el caso de Orlando de Jesús Idárraga Tobón, campesino de Granada que fue asesinado por miembros del Ejército y presentado como guerrillero de las FARC-EP dado de baja en combate. Este es uno de los muchos casos que ocurrieron dentro del territorio colombiano y en especial en Granada, Antioquia. Las víctimas contaban con perfiles específicos, dado que la gran mayoría de casos no se realizaron en el casco urbano y tampoco con personas que habitaban el casco urbano; sumado a otras características, durante los años analizados se dio una especie de segmentación atribuible a las condiciones de la víctima, las cuales hacían que algunas personas fueran más vulnerables a ser víctimas de este tipo de delitos. Para ilustrar lo ocurrido, a continuación, se abordarán algunos de los casos de ejecuciones extrajudiciales, identificando grosso modo su perfil en relación con las demás víctimas, quiénes fueron los victimarios y la relación entre víctimas y victimarios. Entre 2002 y 2005 se realizaron más de 40 ejecuciones, de las cuales los principales responsables señalados fueron unidades del Batallón de Artillería N.º 4 “Bajés” de la Brigada 4 del Ejército Nacional, en ocasiones en el marco de la Operación Espartaco u otros operativos. 7.1 Cronología, responsables y víctimas Entre 2002 y 2005, el municipio de Granada, Antioquia, fue escenario de una serie de ejecuciones extrajudiciales perpetradas sistemáticamente por el Ejército Nacional, particularmente por el Batallón de Artillería No. 4 "BAJES", adscrito a la Brigada IV. Este patrón de violencia se desarrolló durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y afectó principalmente a población civil vulnerable. Como señala Bonilla Mora (2017), las víctimas de estos crímenes compartían el hecho de "ser consideradas marginales, bien por tener adscripciones identitarias que se alejaban de lo convencional o por las condiciones de pobreza y exclusión de los contextos sociales en que vivían" (Bonilla Mora, 2017, pp. 30-31). 2002: Los primeros casos FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 50 El patrón de ejecuciones comenzó el 31 de agosto de 2002 con la Operación Audaz en el corregimiento de Santa Ana. Ese día fueron asesinados cuatro agricultores: Nelson de Jesús Idárraga Jiménez (23 años), Amado de Jesús Garcés, Bayron López y Alex Adrián Sepúlveda, quien se encontraba en condición de paraplejia. Nelson de Jesús se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue interceptado por miembros del BAJES en su finca, donde fue ejecutado y posteriormente vestido con prendas alusivas a la guerrilla. Esta fue la primera denuncia de ejecución extrajudicial en Granada. Dos semanas después, el 15 de septiembre, Orlando de Jesús Idárraga Tobón, también campesino, fue ejecutado por unidades de la misma Brigada IV. 2003: Intensificación de los crímenes Durante 2003 los asesinatos se intensificaron. El 13 de enero fueron ejecutados Edier Alejandro García, dos mujeres no identificadas y los hermanos Wilson e Israel Antonio Galeano López, todos ellos campesinos. A lo largo del año se sumaron más víctimas, entre ellas Nelson Cevallos Arias y Jessica Marcela Quintero Giraldo. El 19 de septiembre, en el marco de la Operación Marcial Norte, fue asesinada la menor Luz Stelli Morales Arias. El 31 de diciembre, Isaías Salazar y Germán Ríos fueron interceptados por tropas del Ejército cuando se desplazaban a caballo desde la vereda La Quiebra hacia Los Medios para asistir a una fiesta de fin de año. Nunca llegaron a su destino. En el camino fue hallado uno de los caballos muerto por múltiples impactos de bala y, posteriormente, ambos jóvenes aparecieron en la cabecera municipal vestidos con prendas militares. La fuerza pública los presentó como "guerrilleros dados de baja en combate", versión que contradijeron los habitantes locales. Este hecho provocó, además, el desplazamiento forzado de varios pobladores de la vereda La Quiebra. 2004: El año más crítico FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 51 El año 2004 representó el período más crítico de esta violencia sistemática. Entre febrero y septiembre se documentaron numerosas ejecuciones bajo operaciones militares como Espartaco y Marcial Norte, dirigidas por las unidades contraguerrilla "Bombarda 1, 2 y 3" del Batallón BAJES. El 8 de febrero, en Santa Ana, Rubén Darío López Vergara, agricultor y padre de cuatro hijos, fue detenido y ejecutado por tropas del Ejército. Según testimonios, había salido hacia El Empalme para esperar transporte y encargar víveres cuando fue retenido por militares. Horas después, su cadáver apareció en la cabecera municipal vestido con uniforme camuflado. Fue presentado como baja en combate, acusación rechazada por la comunidad. El 19 de febrero, hacia las 6:30 a.m., tropas del Batallón BAJES ingresaron a la vereda Los Medios y detuvieron a Luis Carlos Quinchía Garzón, de 27 años, junto con otro hombre cuya identidad permanece desconocida —había llegado recientemente tras ser desplazado desde San Carlos—. Ambos fueron amarrados y llevados al embalse de Calderas, donde testigos escucharon disparos alrededor de las 10:00 a.m. Los militares los presentaron como supuestos guerrilleros del Frente 9 de las FARC-EP "muertos en combate". Durante la misma operación, los soldados saquearon viviendas y, haciéndose pasar por paramilitares, amenazaron de muerte a una campesina poniéndole un cuchillo en el cuello. Entre febrero y septiembre continuaron las ejecuciones: Alberto Enrique Arias Gallego, José Julián López Parra, Luis Humberto Giraldo Morales, Nicolás Emilio García Parra y Óscar Alonso Salazar Aristizábal. Los hermanos Francisco Emilio y Ramiro de Jesús Idárraga Marín fueron asesinados cuando se dirigían al cementerio a visitar la tumba de su madre. También fueron ejecutados tres menores de edad: Sandra Milena Giraldo, Álvaro de Jesús García Idárraga (estudiante) y María Yuliana Gómez Giraldo. La mayoría de las víctimas eran campesinos o agricultores, varios de ellos adolescentes. 2005: Continuidad del patrón criminal En 2005 las ejecuciones prosiguieron con la misma modalidad. El 6 y 14 de mayo fueron asesinados Javier Augusto García Idárraga y Víctor Zuluaga Quintero. El 29 de mayo, María FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 52 Graciela Santamaría Galeano —quien se encontraba embarazada— y otra persona no identificada fueron ejecutadas. Este caso llevó a que la Fiscalía ordenara la detención preventiva de un suboficial y dos soldados. El 13 de septiembre, los campesinos Juan Santiago León y Francisco Alonso Galeano Arias fueron asesinados, cerrando así el ciclo documentado de esta práctica sistemática. 7.2 Caracterización del patrón sistemático Más de 40 personas fueron presentadas ilegítimamente como "bajas en combate" por el Ejército Nacional. Entre ellas se encontraban cuatro menores de edad (Sandra Milena Giraldo, Álvaro de Jesús García Idárraga, María Yuliana Gómez Giraldo y Luz Stelli Morales Arias), una mujer embarazada (María Graciela Santamaría Galeano) y un hombre en condición de discapacidad (Alex Adrián Sepúlveda). En todos los casos, los militares alegaron que las víctimas eran integrantes o colaboradores de grupos guerrilleros. Sin embargo, los testimonios y las evidencias demuestran que se trataba de campesinos, estudiantes o civiles dedicados a sus actividades cotidianas. Algunos fueron secuestrados mientras realizaban labores agrícolas o visitaban a sus familiares (Noche y Niebla, 2025). No existe evidencia que sustente las acusaciones de la fuerza pública. Por el contrario, los hechos revelan un patrón claro: las víctimas pertenecían a sectores rurales en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y su ejecución ocurrió dentro de una misma jurisdicción militar —la Brigada IV— bajo modalidades operativas similares y con el propósito de exhibir resultados operacionales. Este patrón permite establecer una conexión estructural que trasciende los casos individuales y se inscribe en una práctica sistemática de eliminación de civiles presentados como combatientes. Es a partir de estos casos que se puede entender cómo se estructuró una maquinaria que operaría hasta finales de la segunda presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Cómo se explicó en el apartado de víctimas, los hechos, sucesos y víctimas cumplían con perfiles segmentados, lo cual FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 53 fue fundamental para entender que la práctica no era aleatoria. De esta manera, en las siguientes líneas se analiza cómo operó el poder político -tanto en ámbito ejecutivo, judicial y en opinión pública (periódicos, noticieros, etc.)-. Para hacer dicho análisis el texto parte por estudiar el primer caso, el cual ayudará a relacionar las más de 40 ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en estos años, para comprender la complejidad de las ejecuciones extrajudiciales en la región. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 54 8 Poder Ejecutivo: Omisión Selectiva En este caso se comprenderá cómo hubo una omisión dirigida hacía lo que ya se venía denunciando desde el año 2002, que es cuando se presentaron los primeros casos de ejecuciones extrajudiciales en Granada, no hubo pronunciamiento alguno por parte del ejecutivo como máximo responsable del Ejército, hubo de hecho un aumento en las operaciones militares, operaciones que fueron ilustradas páginas más atrás en este trabajo, los ascensos a los altos mandos por la presentación de resultados y las demás recompensas entregadas, pero la poca vigilancia y control después de haberse presentado denuncias. Es aquí donde se comparte la postura de Cárdenas y Villa (2013) al presentarse una política cuya función era equipar a las FF.MM. pero no poner sobre la mesa herramientas para vigilar el comportamiento frente a las nuevas directrices, las opiniones públicas por parte del presidente de la época también estigmatizaban a la población víctima de los sucesos: frente a medios nacionales dijo la siguiente frase, después de haberse destapado las 19 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en el año 2008, “los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales” (Infobae, 2022). Otra razón que evidencia la omisión es que, durante la presidencia de Uribe Vélez, no se adelantó ninguna reforma a la justicia —en particular a la justicia penal militar— (Cárdenas y Villa, 2013). La amplia autonomía de esta rama del poder judicial genera más preguntas que respuestas. Esta situación abre la puerta para analizar, en el siguiente apartado, cómo esa independencia se traduce en prácticas que favorecen el encubrimiento y la falta de objetividad. FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 55 9 Amaño del sistema judicial Si bien es claro que para los civiles y los miembros de las fuerzas militares la justicia opera de forma distinta, también es claro que existe un cierto parecido en cuanto a la ineficiencia, inoperancia y encubrimiento a ciertos tipos de crímenes, más cuando de altos mandos se trata, de esta forma, en esta sección se hablará de cómo el sistema judicial, en especial la Justicia Penal Militar, gozando de la autonomía de juzgar a los miembros que cuentan con su fuero militar, la gran mayoría de veces se aleja de la objetividad, para encubrir ciertos hechos, como es el caso de las ejecuciones extrajudiciales en Granada, Antioquia. La ejecución de Luis Arturo Naranjo el 21 de septiembre de 2004 a manos del BAJES #4, en funciones de la Operación Espartaco, misión táctica Sable (Codehsel, 2007), funciona como el caso para ejemplificar lo que sucedía en Granada y el resto del país. Este caso pasó a manos directas de la justicia penal militar por haberse cometido una infracción por miembros del Ejército, se inicia la investigación disciplinaria por la procuraduría y el juzgado 92 de instrucción penal militar profiere un auto inhibitorio, que en pocas palabras es “no continuar con la investigación” y se procede a archivar el caso. Por lo regular, al ser casos de falsos positivos, suele haber una colisión positiva de competencias, es decir, dos instituciones o más pueden reclamar la competencia sobre dicho caso, ¿Por qué en este caso? Las ejecuciones extrajudiciales no son funciones de los militares, son desviaciones de las conductas regulares dentro de la institución, por lo tanto deberían ser conocidas por la justicia ordinaria, que es la que procesa a los civiles y que es lo que sucedió en la mayoría de casos, tal como pasó con María Graciela Santamaría Galeano, víctima de miembros del BAJES #4 el 29 de mayo de 2005 (Codehsel, 2007), en este caso la justicia penal militar inició investigaciones y luego, por la colisión de competencias, pasa a manos de la justicia ordinaria, que por lo regular sigue en curso con las investigaciones. De esta forma, el poder judicial en lugar de reprender, castigar y evitar se convirtió en un escudo para los ejecutores de esta conducta. 9.1 Opinión pública FALSOS POSITIVOS EN GRANADA… 56 Por su parte, la opinión pública fue determinante para que la sociedad entendiera los falsos positivos, si bien se explica cómo por medios nacionales el presidente de la república de la época daba por sentado que aquellas personas dadas de baja eran delincuentes, después de haberse destapado el caso de los jóvenes de Soacha por el clamor de sus madres, los medios de comunicación también fueron partícipes para alimentar la idea de una guerra que se estaba ganando y crímenes que no se estaban cometiendo. Tanto que, El Tiempo entre 2008 y 2009, periódico muy reconocido en Colombia, les dio más voz a miembros de la Fuerzas Militares y emisarios del Gobierno, dejando de lado a las víctimas, marcando el poder del Estado dejando en indefensión mediática a quienes fueron atropellados por la institucionalidad (Durán y Castillo, 2022). Esto no solo permitió la invisibilidad de los hechos, sino que también permitió la instalación de un discurso negacionista, que perduraría por much