Garantías y protección judiciales: un análisis de los deberes del Estado colombiano en favor de las víctimas de los delitos de desaparición forzada Mauricio Restrepo Correal Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Universidad de Antioquia Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Medellín, Antioquia, Colombia 2025 Cita (Restrepo Correal, 2025) Referencia Estilo APA 7 (2020) Restrepo Correal, M. (2025). Garantías y protección judiciales: un análisis de los deberes del Estado colombiano en favor de las víctimas de los delitos de desaparición forzada [Trabajo de grado especialización]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Cohorte XIII. Biblioteca Carlos Gaviria Díaz Repositorio Institucional: http://bibliotecadigital.udea.edu.co Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co Rector: John Jairo Arboleda Céspedes. Decana: Ana Victoria Vásquez Cárdenas. Coordinador de Posgrados: Juan Pablo Acosta Navas. El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos. http://bibliotecadigital.udea.edu.co/ about:blank about:blank GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIALES: UN ANÁLISIS DE LOS DEBERES DEL ESTADO... 3 Resumen Este artículo analiza las garantías judiciales y la protección judicial con la que cuentan las víctimas de los delitos de desaparición forzada en Colombia. Por lo tanto, se abordará bajo los preceptos legales contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De igual modo, se analizarán los deberes del Estado colombiano a partir de los conceptos de garantía, prevención, investigación y sanción a los responsables de cometer dicha conducta. Finalmente, se comparará la legislación interna con los estándares normativos internacionales, con el fin de analizar las garantías y protección judiciales del Estado colombiano en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Palabras clave: Desaparición forzada, garantías judiciales, protección judicial, reparación, responsabilidad del Estado. Abstract The purpose of this article is to analyze the judicial guarantees and judicial protection available to victims of crimes of enforced disappearance in Colombia. Therefore, it will be approached under the legal precepts contained in articles 8 and 25 of the American Convention on Human Rights. Likewise, the duties of the Colombian State will be analyzed from the concepts of guarantee, prevention, investigation and punishment of those responsible for committing such conduct. Finally, domestic legislation will be compared with international normative standards, in order to analyze the judicial guarantees and protection of the Colombian State in relation to the American Convention on Human Rights and the Inter-American Human Rights System. Keywords: Enforced disappearance, judicial guarantees, judicial protection, reparation, State responsibility. GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIALES: UN ANÁLISIS DE LOS DEBERES DEL ESTADO... 4 Sumario Introducción. 1. Aproximación conceptual de la desaparición forzada. 1.1. La desaparición forzada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 1.2. La desaparición forzada en Colombia. 2. Garantías y protección judiciales a las víctimas de los delitos desaparición forzada en Colombia. 3. Análisis de los instrumentos internacionales e internos de la desaparición forzada. Conclusión. Referencias bibliográficas. Introducción A través del presente artículo se pretende analizar las garantías y protección judiciales a partir de los deberes del Estado colombiano en relación con las víctimas de los delitos de desaparición forzada. El proceso de análisis iniciará con una aproximación conceptual de este delito, desde su acontecimiento histórico, global y en Colombia. En ese sentido y partiendo de lo anterior, se abordarán las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), en la que ha sido declarado responsable el Estado colombiano por graves violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH). Por otra parte, se analizará el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante SIDH) que está integrado al ordenamiento jurídico colombiano, el cual representa un sistema con diversos mecanismos convencionales que obliga a los Estados parte a reparar a las víctimas de hechos bajo su responsabilidad, mediante restitución, compensación, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. Es importante señalar que, la desaparición forzada ha generado represión, control territorial y abuso del poder por parte de las autoridades estatales y de los autores materiales e ideológicos de dicho delito. Dichas circunstancias y situaciones generaron en las víctimas y sus familias incertidumbres, miedos colectivos, silencios y lucha por recibir del Estado colombiano la protección necesaria para superar los flagelos de este delito. El Registro Único de Víctimas (RUV), como herramienta administrativa de registro de víctimas del conflicto armado en Colombia, reportó a corte del 30 de abril de 2024, un total de GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIALES: UN ANÁLISIS DE LOS DEBERES DEL ESTADO... 5 9.702.896 personas reconocidas e incluidas en el RUV, de las cuales 8.649.955 personas fueron reconocidas por desplazamiento forzado; es decir, 51.984 víctimas directas equivalentes al 26.6 % y 143.620 víctimas indirectas equivalentes a un 73.4 %. Por tal razón, el Estado colombiano se encuentra en el deber de dar cumplimiento a los tratados de derechos humanos suscritos en el marco del SIDH, y principalmente los compromisos internacionales derivados de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual se comprometió a respetar todos los derechos y libertades que garanticen el libre y pleno desarrollo de los seres humanos que circulen dentro Colombia. En ese sentido, y en aras de responder a las prácticas represivas que han utilizados grupos armados para imponer su control y su poder, generando violencia, terror, sufrimiento que se han prolongado de generaciones en generaciones enteras, dejando miles de víctimas que a la fecha no han podido lograr las garantías y protección judiciales que el Estado colombiano les debe brindar, se decretó la Ley 1448 de 2011, en aras de brindar garantías, medidas de satisfacción, justicia, respeto a la integridad y honra de las víctimas. Para el logro de lo anterior, se efectuó un análisis minucioso de las bases de datos suministradas por la Universidad de Antioquia, tales como EBSCOHOST, ScienceDirect, Scopus y Legis Ámbito Jurídico, para la búsqueda documental (artículos científicos, revistas académicas, científicas) y jurídica (leyes, decretos y jurisprudencia). En ese orden de ideas, se utilizó la ecuación de búsqueda: (Desaparición forzada OR garantías judiciales) AND (Desaparición forzada OR reparación) AND (Desaparición forzada OR víctimas), encontrando documentos relacionados con las variables objeto de estudio como son las garantías y protección judicial que deben brindar el Estado colombiano a las víctimas de los delitos de desaparición forzada. Finalmente, se concluye que Colombia a través de su normativa interna, en especial la Ley 1448 de 2011, garantiza de manera especial los derechos de quienes han sido víctimas de conductas punibles de desaparición forzada. 1. Aproximación conceptual de la desaparición forzada La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (en adelante ICPPED), la define en su artículo 2 como aquellas conductas GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIALES: UN ANÁLISIS DE LOS DEBERES DEL ESTADO... 6 que conlleven a la privación de la libertad como consecuencia de la acción u omisión de los Estados y sus autoridades (Organización de las Naciones Unidas, 2006). Por su parte, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante CIDFP) señala que el hecho de privar a una persona o más, indistintamente su forma, a través del Estado, y que impidan el conocimiento de paradero se entenderá como desaparición forzada (Organización de los Estados Americanos, 1994, art. 2). Dadas las particularidades de este delito, y atendiendo al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (en adelante ECPI), este es catalogado crimen de lesa humanidad. Lo anterior, debido a la forma generalizada y sistemática en que se comete la conducta punible sobre la población civil (2002). Hay que advertir que, tanto la ICPPED como la CIDFP, indican que este delito es cometido por el Estado o grupos armados que están bajo el control de este. Mientras que para el ECPI se considera un delito de lesa humanidad. Habría que decir también que, dentro del marco normativo interno del Estado colombiano y de acuerdo al Código Penal, dicho delito se define como aquella conducta a través de la cual se priva de la libertad a una persona, ocultando cualquier tipo de información que permita determinar su ubicación (Código Penal, 2000, art. 165). Otro ejemplo del concepto de desaparición forzada es lo indicado por la Corte Constitucional en Sentencia T-129/22, al señalar que este debe entenderse como aquella conducta de cautiverio de personas, seguida del ocultamiento de estas, así como la negación de aceptar su aprehensión y comunicar su ubicación. Todo lo anterior, con la intención de excluirlas de la protección del Estado colombiano durante un lapso de tiempo considerable. Del mismo modo, asevera la Corte que la continuidad de la conducta no solo los priva de la libertad, sino que por el contrario, les impide el disfrute y goce de sus derechos fundamentales, acompañado del sufrimiento que experimentan sus familiares. En cuanto a la doctrina, señalan Lara y Rivera (2023) que dicho delito se define como un escenario donde se presentan una serie de violaciones graves de derechos humanos reconocidos por los instrumentos internacionales e internos, los cuales garantizan la dignidad humana, la integridad y libertad de las personas. GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIALES: UN ANÁLISIS DE LOS DEBERES DEL ESTADO... 7 Por su parte, Robledo (2016) indica que este es un crimen de lesa humanidad que viola directamente los derechos humanos a través de la violencia como mecanismo de represión, en el cual se presenta el ocultamiento de rastros del delito, autores, responsables, afectando y vulnerando derechos como la verdad y la memoria de las víctimas y sus familias. De acuerdo con lo anterior, sostiene Meza (2019) que la particularidad generalizada de los crímenes de lesa humanidad se concretan cuando se identifican ataques a gran escala, dirigido a una población de gran cantidad. En relación con la conducta sistemática, asevera que esta se configura al evidenciar que los actos de violencia tienen una connotación fortuita y patrones de violencia que se repiten de manera constante. En síntesis, y de acuerdo con la aproximación conceptual de este delito a partir de los instrumentos internacionales, la normativa interna, la jurisprudencia y la doctrina, se concluye que este no es más que un instrumento utilizado de manera continua para generar terror, miedo e inseguridad en la población. 1.1 La desaparición forzada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos La Organización de la Naciones Unidas (en adelante ONU) con el objetivo principal y esencial de velar por el cumplimiento y protección de los derechos humanos, obligó a sus miembros al cumplimiento y promoción del respeto universal de las libertades de todos. De igual modo, los Estados Americanos ejerciendo su soberanía en el marco de la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA), adoptó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante SIDH) y la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH), como instrumentos jurídicos que le permiten garantizar y proteger los derechos humanos. Por otro lado, con la entrada en vigor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante PIDCP), se busca que los Estados que hacen parte de este, garanticen y respalden derechos fundamentales inherentes e imprescriptibles como la vida, la seguridad e integridad. En este punto, es importante resaltar que el Pacto no fue creado como un instrumento para combatir el delito de desaparición forzada, debido a que cuando este se expidió, no existía un instrumento internacional que permitiera proteger y enjuiciar a los responsable de cometer dicho delito. Por lo GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIALES: UN ANÁLISIS DE LOS DEBERES DEL ESTADO... 8 anterior, y en consonancia con el concepto de desaparición forzada se dio aplicabilidad al Pacto como una alternativa que ayudará a juzgar y dar a conocer aquellas desapariciones. En cuanto a los órganos convencionales de las Naciones Unidas que se centran en el delito de desaparición forzada se encuentran el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la tortura y el Comité contra la desaparición forzada. Los cuales se encargan de las siguientes funciones: 1.1.1 Comité de Derechos Humanos El Comité de Derechos Humanos se encuentra encargado de la supervisión de la aplicabilidad del PIDCP por los Estados que hacen parte de este. En ese sentido, estos se encuentran en la obligación de dar cumplimiento de los derechos civiles y políticos en su normativa interna. Dentro de las labores más importante del Comité se destacan alentar a que las legislaciones internas mantengan las políticas necesarias que permitan el disfrute de los derechos de sus ciudadanos, suspender o modificar aquellas medidas que resulten contrarias al Pacto, tomar acciones positivas en aquellos casos en los cuales los Estados Parte no hayan realizado o desplegado acciones que permitan proteger dichos derechos. Y finamente, el Comité tiene en cuenta todas las leyes, políticas y prácticas de los Estados Parte, en aras de evitar un retroceso en la garantía de los derechos que el Pacto ha reconocido (Organización de las Naciones Unidas, s.f.). 1.1.2 Comité contra la Tortura El Comité contra la Tortura desempeña funciones de control entre las que se destacan las denuncias individuales de personas que invocan violación de sus derechos humanos virtud del Convenio. De igual modo, realizan consultas y consideran denuncias presentadas entre Estados. Cabe mencionar que, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, cumple con el propósito de visitar aquellos lugares en los cuales hay privados de libertad. Al respecto, es importante señalar que el Comité ha servido de inspiración para la creación de nuevas leyes a nivel interno de los Estados que son parte de esta, ayudando a garantizar y proteger los derechos de las víctimas que han sufrido el delito de desaparición forzada dentro su país. No obstante lo anterior, todavía se sigue evidenciado la existencia de torturas en diferentes https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/spt GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIALES: UN ANÁLISIS DE LOS DEBERES DEL ESTADO... 9 lugares del mundo, lo cual ha dejado resultados negativos y devastadores en ciertas poblaciones y comunidades a nivel global (Organización de las Naciones Unidas, s.f.). De lo anterior, se puede afirmar fehacientemente que la ratificación universal de la Convención es necesaria e importante para la consecución de los fines propios para la cual fue creada y diseñada, en el sentido de que a través de esta, se permitirá que las personas a nivel mundial puedan creer nuevamente en la instituciones y los gobiernos locales, que al final de todo son los responsables de que a nivel global se puede lograr un futuro sostenible, pacifico y equitativo donde no tenga cavidad la tortura, el cautiverio, los tratos crueles, las privaciones injustas, el confinamiento y cualquier otra forma que pueda ser propia o semejante a la configuración de la esclavitud (Organización de las Naciones Unidas, s.f.). 1.1.3 Comité contra la desaparición forzada Es un órgano que se encarga de la supervisión y verificación de la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en aquellos Estados que son parte de la ONU. El comité cumple la función de examinar aquellos informes que son entregados por los Estados Parte, en aras de formular recomendaciones encaminadas a fortalecer la prevención de delitos de desaparición forzada. Del mismo modo, es el encargado de aceptar el inicio de trámites urgente y recibir denuncias individuales de personas que manifiesten haber sido víctimas de desaparición forzada. Finalmente, también se encuentra dentro de su competencia recibir y dar el respectivo trámite a aquellas solicitudes o comunicaciones allegadas por un Estado Parte, en relación con otro Estado que se encuentra en posibles incumplimientos de acuerdo con las obligaciones establecidas en la Convención (Organización de las Naciones Unidas, s.f.). 1.2 La desaparición forzada en Colombia El Estado colombiano en un inicio consideró la desaparición forzada como un crimen Estatal que se encontraba combinado con los regímenes políticos existentes en América Latina. No GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIALES: UN ANÁLISIS DE LOS DEBERES DEL ESTADO... 10 obstante, el legislador atendiendo a las particulares del conflicto armado de la época, expidió la Ley 589 de 2000, en la cual se tipificó la desaparición forzada como delito. Ilustración 1. Configuración del delito Fuente: Elaboración propia con información de Márquez et al, 2024. Fuente: Elaboración propia con información de Márquez et al, 2024. Por otra parte, el conflicto interno colombiano ha sido un escenario de confrontación por ideologías políticas que ha afectado de manera directa, sistemática y generalizada a indígenas, afrodescendientes, campesinos, lideres sociales y defensores de los derechos humanos. Dicho conflicto se ha mantenido de manera ininterrumpida en el territorio colombiano desde a mediados del siglo XX, convirtiéndose en un tema muy trascendental tanto a nivel internaciones y nacional (Lozano et al., 2014). En ese sentido, es importante mencionar que la desaparición forzada tomo gran relevancia en el territorio nacional debido a que ya no solo se presentaban desapariciones forzadas en relación con la ideología política, sino que por el contrario comenzaron a presentarse desapariciones indígenas, afrodescendientes y campesinos que se negaban a extorsiones, desplazamientos y reclutamientos forzados de los grupos armados (Lozano et al., 2014). Desaparición forzada Para la configuración de este se deben presentar los siguientes elementos ➢ Privación, ocultamiento y cautiverio. ➢ Sustraer de la protección del Estado a la víctima. ➢ Los responsables de la desaparición forzada. ➢ Víctimas. GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIALES: UN ANÁLISIS DE LOS DEBERES DEL ESTADO... 11 De acuerdos con los postulados de Márquez et al., (2024), se puede indicar que el delito de desaparición forzada cuenta con las siguientes características: Ilustración 2. Características del delito Fuente: Elaboración propia con información de Márquez et al, 2024. En cuanto al delito de desaparición forzada, sostiene Cáceres (2008) que este tuvo su génesis en un contexto político, dentro del cual sectores populares y de clase media contradecían explícitamente el gobierno nacional de la época. Por tal razón, y como consecuencia de lo anterior, indica Cáceres que nacen los grupos armados ilegales como el M-19, las FARC y el ELN, como un rechazo a la exclusión existente que impedía la participación de otros actores políticos, ya que solo existía participación exclusivamente de las elites colombianas y el Frente Nacional. 2. Garantías y protección judiciales a las víctimas de los delitos desaparición forzada en Colombia La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 12 establece que ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada, ni a ningún trato degradante que afecten su dignidad humana, así mismo, prohíbe la tortura y penas crueles. Lo anterior, guarda una relación Desaparición forzada Crimen de lesa humanidad Pluriofensivo De ejecución continua o permanente GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIALES: UN ANÁLISIS DE LOS DEBERES DEL ESTADO... 12 directa con las garantías y protección judiciales que busca asegurar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cabe indicar que, la legislación interna colombiana a diferencia de otros instrumentos internacionales no hace distinción alguna en relación con el sujeto activo que comete el delito de desaparición forzada; es decir, cualquier persona puede cometer dicho delito, por no estar catalogado como un sujeto calificado. Por lo anterior, y en aras de garantizar y proteger a las víctimas de los delitos desaparición forzada, el Estado colombiano se encuentra comprometido a través de su ordenamiento jurídico interno a prevenir, sancionar y erradicar las conductas punibles configurativas de este delito. En ese sentido, ha promulgado y adoptado medidas administrativas y judiciales que permitan una garantia y protección de las víctimas. Un ejemplo claro de estas garantías se encuentran establecidas en la Ley 1448 de 2011, dentro de la cual se destacan el derecho a conocer la verdad, el cual está enfocado a que las víctimas y sus familiares puedan a través de las investigaciones del Estado, conocer los autores del delito, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Así como el paradero de su ser o seres queridos desaparecidos por los grupos armados o agentes del Estado colombiano. Por otro lado, se encuentra el derecho a lograr justicia; es decir, las víctimas pueden exigir que el Estado inicie una investigación penal expedita, meticulosa e imparcial, en aras de lograr que el Estado a través de su aparato judicial y administrativo sancione de manera adecuada y proporciona a los autores materiales y aquellas personas que participaron de la desaparición forzada. La Corte Constitucional en Sentencia C-209 de 2007, señaló el Estado colombiano se encuentra en la obligación de adelantar las investigaciones necesarias en aras de lograr sancionar de manera adecuada aquellas personas que han participado como autores o participes en los delitos de desaparición forzada. De este modo, se garantizaría los derechos que le asisten a las víctimas en cuanto a recurso judicial efectivo se trata, haciéndolo participe de manera activa en cada etapa del proceso y garantizando un verdadero acceso a la administración de justicia. Por otra parte, se encuentra el derecho a la reparación integral, la cual incluye el deber que le asiste al Estado colombiano de garantizar las medidas necesarias como son la restitución, la GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIALES: UN ANÁLISIS DE LOS DEBERES DEL ESTADO... 13 indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición para las víctimas y los familiares de los delitos de desaparición forzada. En cuanto a las entidades competentes para la garantía de los derechos de las víctimas de se encuentran la Fiscalía General de la Nación, Jueces y magistrados, Policía Judicial, las entidades que cumplen funciones forenses, Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la jurisdicción Especial para la Paz. 3. Análisis de los instrumentos internacionales e internos de la desaparición forzada 3.1 Instrumentos internacionales De un análisis exhaustivo de los instrumentos internacionales, sostienen Guevara et al. (2015) que los derechos de las víctimas del delito de desaparición forzada se refieren especialmente a recibir asistencia medica y humanitaria, a su protección, a conocer la verdad, a que los responsables sean judicializados mediante un proceso efectivo y ágil. Ahora bien, como es sabido la desaparición forzada representa en si una violación directa de los derechos humanos, vulnerando derechos como son la libertad, la seguridad individual y el reconocimiento de la personalidad jurídica. También afecta los derechos sociales, económicos y culturales de las víctimas y sus familias, así como el derecho a la educación, la salud y la protección personal y familiar. En ese sentido, se puede señalar que dentro de los instrumentos internacionales que garantizan y protegen la desaparición forzada se destacan: Tabla 1. Instrumentos Internacionales INSTRUMENTO PROPÓSITO Declaración Universal de Derechos Humanos El presente instrumento tiene como propósito principal la protección de los derechos humanos fundamentales de todas las personas a nivel global (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948). Este documento consagra la obligación de los Estados a respetar y garantizar los derechos humanos. Del mismo modo, indica que cuando los GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIALES: UN ANÁLISIS DE LOS DEBERES DEL ESTADO... 14 Convención Americana de Derechos Humanos Estados no tengan dentro de su legislación interna, mecanismos consagrados en favor de estos derechos, se encuentran en la obligación de adecuar sus instrumentos jurídicos internos en aras de lograr una correcta protección de estos derechos. (Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 1969). Convención sobre los Derechos del Niño La Convención fue la primera ley de carácter internacional en proteger los derechos de los niños y la infancia. En ese sentido, busca proteger y promover los derechos de estos sujetos de especial protección (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989). Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas La Convención es un instrumento internacional que ayuda en la prevención del delito de desaparición forzada, a través del derecho que tienen las víctimas y sus familiares a que se les garantice la verdad, la justicia y la reparación (ONU, 2006). Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas La Declaración es un documento de gran importancia en el reconocimiento del delito de desaparición forzada, puesto que lo considera una ofensa para la humanidad. Por otra parte, invita a los Estados a desarrollar dentro de sus legislaciones internas medidas efectivas que permitan la prevención o la terminación de las desapariciones forzadas (ONU, 2006). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Este documento representa en si un tratado internacional que reconoce y protege los derechos civiles y políticos. En ese orden de ideas, busca promover que los Estados garanticen y respeten el derecho a la autodeterminación (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966). Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Dicha Convención se enfoca en impedir que los Estados utilicen la tortura. Por tal motivo, no permite excepción alguna para ser usada, independientemente de las razones o situaciones que pueda alegar cualquier Estado (ONU, 1984). Principios y directrices básicos de las Naciones Unidas sobre los recursos y procedimientos relativos al derecho de toda persona privada de libertad a recurrir a un tribunal (A/HRC/30/37) El presente documento busca que toda persona que se encuentre privada de la libertad cuente con las garantías suficientes dentro de los Estados para que un tribunal pueda decidir de manera ágil sobre su libertad en caso de que esta sea arbitraria (ONU, 2015). Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares Dicha Convención busca garantizar los derechos de los trabajadores migrantes y su familia, protegiendo que sus derechos laborales sean respetados, así mismo, pretende erradicar la trata de personas a la que se encuentran enfrentadas estas personas por su situación de migrantes (ONU, 1990). https://www.ohchr.org/es/node/3495 https://www.ohchr.org/es/node/3495 https://www.ohchr.org/es/node/3495 https://www.ohchr.org/es/node/3495 https://undocs.org/es/A/HRC/30/37 https://undocs.org/es/A/HRC/30/37 https://undocs.org/es/A/HRC/30/37 https://undocs.org/es/A/HRC/30/37 https://undocs.org/es/A/HRC/30/37 https://undocs.org/es/A/HRC/30/37 https://undocs.org/es/A/HRC/30/37 https://undocs.org/es/A/HRC/30/37 https://www.ohchr.org/es/node/3516 https://www.ohchr.org/es/node/3516 https://www.ohchr.org/es/node/3516 https://www.ohchr.org/es/node/3516 https://www.ohchr.org/es/node/3516 GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIALES: UN ANÁLISIS DE LOS DEBERES DEL ESTADO... 15 Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos Este documento refleja unos estándares mínimos que se deben acatar y tener en cuenta al momento de privar de la libertad a las personas; siempre se debe propender por el respeto y la dignidad de estas (ONU, 1990). El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley Busca lograr un equilibrio en los organismos internos de los Estados, en los que prime la responsabilidad y los deberes que la ley impone a los funcionarios (ONU, 1979). Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión Este documento pretende que toda persona privada de la libertad se les respeten sus derechos como ser humano; es decir, las medidas correctivas de naturaleza penal no deben vulnerar sus derechos humanos (ONU, 1988). Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley Este conjunto de principios busca que los funcionarios que por mandato legal están en la obligación de hacer cumplir las leyes a través del uso de armas, garanticen los derechos humanos en la implementación de armas de fuegos (ONU, 1990). Declaración de Principios Básicos de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder La presente Declaración pretende la garantia de las víctimas de los delitos de abuso del poder, en ese sentido, deben ser tratadas con dignidad y respeto (ONU, 1985). Fuente: Elaboración propia con información de la ONU 3.1 instrumentos internos Dentro de los instrumentos jurídicos internos del ordenamiento jurídico colombiano se encuentra la Constitución Política de 1991, la cual establece en su artículo 12 la prohibición de este delito. De la misma manera, la Ley 589 de 2000 tipifica el delito de desaparición forzada como una conducto punible y prohibida dentro del ordenamiento interno. Seguidamente se encuentra la Ley 1531 de 2012, a través de la cual se establece la acción de declaración de ausencia por desaparición forzada. Por otra parte, se encuentra la Ley 986 de 2005 a través de la cual se expidieron medidas encaminadas a proteger las personas que sean víctimas del secuestro; lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento a los deberes del Estado en relación con el principio de solidaridad social y lo consagrado en la Carta Magna. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/treatmentprisoners.pdf https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/treatmentprisoners.pdf https://www.ohchr.org/es/node/3500 https://www.ohchr.org/es/node/3500 https://www.ohchr.org/es/node/3500 https://www.ohchr.org/es/node/3492 https://www.ohchr.org/es/node/3492 https://www.ohchr.org/es/node/3492 https://www.ohchr.org/es/node/3492 https://www.ohchr.org/es/node/3492 https://www.ohchr.org/es/node/3501 https://www.ohchr.org/es/node/3501 https://www.ohchr.org/es/node/3501 https://www.ohchr.org/es/node/3501 https://www.ohchr.org/es/node/3501 https://www.ohchr.org/es/node/3501 https://www.ohchr.org/es/node/3506 https://www.ohchr.org/es/node/3506 https://www.ohchr.org/es/node/3506 https://www.ohchr.org/es/node/3506 GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIALES: UN ANÁLISIS DE LOS DEBERES DEL ESTADO... 16 Finalmente, se encuentra la Ley 1448 de 2011, mediante la cual se establecen un conjunto de medidas en favor de las víctimas del conflicto armado interno, dentro de las cuales se desarrollan protecciones del derecho a la verdad que le asiste a la víctimas y familiares, así como a la comunidad en general. Por otra parte, se encuentra derechos como la justicia, derecho a recibir información de asesoría y apoyo dentro de los proceso judiciales que se desarrollen en el curso de una investigación por delitos de desaparición forzada. 4. Conclusiones Abarcada la temática del presente artículo se tiene que la desaparición forzada se encuentra catalogada como un delito de lesa humanidad que afecta los derechos humanos, el bienestar de cada persona y la sociedad en general. Si bien las desapariciones forzadas fueron de gran relevancia en los regímenes militares y dictaduras, con el pasar de los años se consolido en el conflicto armado interno colombiano, cuyo propósito principal era reprimir y tener control territorial de diferentes municipios del territorio nacional. Así mismo, representaba una mecanismos de represión y control en contra de sus opositores y la población en general. En cuanto a las garantías y protección judicial del Estado colombiano brinda a las víctimas de este delito, se evidenció en primera medida que el legislador a través del Congreso de la República expidió la Ley 1448 de 2011, estableció un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas que beneficiaran a las víctimas de estos delitos. Por otra parte, se tiene que Colombia en aras de preservar la dignidad humana de las víctimas y sus familiares, propende por la garantia de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. En ese sentido, el Estado se preocupa por mantener una coherencia interna y externa en aras de armonizar los esfuerzos estatales. Por otro lado, se constató la existencia de mecanismos y medidas de carácter judicial y no judicial, que se emplean por parte del Estado colombiano con el propósito de dar solución a las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a los preceptos legales establecidos en los GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIALES: UN ANÁLISIS DE LOS DEBERES DEL ESTADO... 17 artículos 8 y 25 de la CADH, así como el logro de la reconciliación nacional, paz duradera y sostenible. De igual modo, se observó que las medidas adoptadas por el Estado tienen el propósito de contribuir como garantías y protección al momento de que estas logren el restablecimiento de los derechos que les han sido vulnerados por estos delitos. Por otra parte, Colombia con el fin de dar cumplimiento al artículo 19 de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzada garantiza a las víctimas la protección de sus derechos humanos fundamentales. Finalmente, se tiene que las víctimas de los delitos de desaparición forzada tienen derecho a recibir por parte del Estado colombiano una reparación adecuada. En ese sentido, se garantiza que las autoridades encargadas de la investigación penal desarrollen su deber constitucional de manera oportuna, clara, precisa y congruente. GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIALES: UN ANÁLISIS DE LOS DEBERES DEL ESTADO... 18 Referencias bibliográficas Cáceres Trimiño, S. E. (2008). La desaparición forzada en Colombia, un mecanismo estatal para controlar y disciplinar a la oposición política ya la sociedad en general. Colombia. Congreso de la República. (1991). Constitución Política de Colombia. 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