1 
 

 

 

Derecho al uso, goce y disfrute de las aceras por parte de los habitantes de Yarumal - 

Antioquia 

 

 

Germán Alonso Barrera Sepúlveda 

15.322.992 

Abogado 

 

Asesor 

Juan Camilo Mejía Walker 

 

 

 

 

Universidad de Antioquia 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Derecho 

Yarumal, Antioquia, Colombia 

2022 

  



2 
 

Cita (Barrera Sepúlveda, 2022) 

Referencia 
 

Estilo APA 7 (2020) 

Barrera Sepúlveda, G. A. (2022). Derecho al uso, goce y disfrute de las aceras por 
parte de los habitantes de Yarumal - Antioquia 

 [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Yarumal, Colombia.  

  

 

  
 

Biblioteca Carlos Gaviria Diaz 

 

Repositorio Institucional: http://bibliotecadigital.udea.edu.co 

 

 

 

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co 

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes 

Decano/Director: Luquegi Gil Neira 

Jefe departamento: Cristian Guardia López  

 

 

 

 

 

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el 

pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los 

autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos. 

 

 

 

 

 

https://co.creativecommons.net/tipos-de-licencias/
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3 
 

DERECHO AL USO, GOCE Y DISFUTE DE LAS ACERAS POR PARTE DE LOS 

HABITANTES DE YARUMAL - ANTIOQUIA 

 

Por: Germán Alonso Barrera Sepúlveda.  

Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Antioquia 

udeagerman2013@gmail.com  

 

Resumen 

En este artículo se presenta una reflexión socio-jurídica haciendo énfasis en el 

derecho al uso y goce de las aceras por parte de los habitantes del municipio de Yarumal, 

desde una aproximación jurídica y urbanística. Siendo precisamente esa aproximación 

sociológica el punto de inicio, para posteriormente adentrarse en la fundamentación jurídica 

basada en las normas constitucionales y legales. Para el desarrollo temático de este escrito 

se describen no solo los mecanismos legales a los que pueden acudir los ciudadanos para 

restablecer su derecho al uso y goce de las aceras como espacios públicos urbanos. 

 

Palabras Clave: Aceras, Bienes de uso público, Constitución Política, Espacio Público, 

Goce, Habitantes, Mecanismos de Control, Normas, Plan de Ordenamiento Territorial, Uso.   

 

SUMARIO 

 

INTRODUCCIÓN. 1. LAS ACERAS: UNA APROPIACIÓN COTIDIANA DEL 

TERRITORIO POR LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE YARUMAL. 2. 

FUNDAMENTOS NORMATIVOS QUE REGULAN EL USO Y GOCE DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS EN COLOMBIA. 2.1 Normas Constitucionales y Legales que 

regulan el Espacio Público. 2.1.1 Ámbito Legal. 2.1.2 Ámbito Constitucional. 2.1.3 Ámbito 

Jurisprudencial. 3 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL BÁSICO DEL 

MUNICIPIO DE YARUMAL ANTIOQUIA (2000). 4 MECANISMOS 

CONSTITUCIONALES PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO AL ESPACIO 

PÚBLICO EN COLOMBIA. Conclusiones. Referencias Bibliográficas. Normativa y 

Jurisprudencial. Bibliografía Consultada. 

 



4 
 

INTRODUCCIÓN  

 

Yarumal es un municipio ubicado geográficamente en la subregión del  norte del 

departamento de Antioquia, con una proyección de  49.000 habitantes para el año 2021, 

según el DANE, con un clima promedio de 17 grados centígrados, una topografía en  

ladera, la cual influye en la forma de construcción de su infraestructura física entre ellas de 

las vías y aceras, nombradas estos últimos por su habitantes en su lenguaje cotidiano como 

las “aceras”; en la mayoría de los trayectos, no cumplen con las especificaciones técnicas; 

convirtiéndose en espacios excluyentes para un gran número de peatones, algunos tramos 

de estas aceras son tratados como espacios privados,  lo que los convierte  en espacios que 

limitan el uso y goce de los transeúntes. 

 

 El artículo tiene como objetivo analizar desde la norma, y desde los derechos al uso 

y el goce que tienen los habitantes de Yarumal de las aceras entendidas estas como el 

espacio lineal que hay en las vías para ser utilizadas por los transeúntes. Es de anotar que el 

Estado dentro del ordenamiento jurídico les brinda loas herramientas que les permiten hacer 

uso de mecanismos administrativos y jurídicos para la defensa de estos derechos, 

propendiendo siempre por defender estos espacios que son de uso colectivo. 

 

 Este artículo tiene como objetivo dar a conocer a los habitantes del municipio de 

Yarumal una serie de normas y acciones jurídicas que pueden invocar por vía 

administrativa o judicial, en su derecho al uso y goce de las aceras como espacios públicos 

urbanos. 

  

Sobre el espacio público, entre muchos de sus pronunciamientos al respecto la Corte 

Constitucional advierte que el espacio público tiene plena garantía y protección por la 

Constitución del 911, específicamente en lo que establece el artículo 82, que obliga al 

Estado al deber de velar por la protección de la integridad del espacio público y su 

destinación al uso común. Para lo cual se reafirma el principio fundamental de la 

prevalencia del interés general sobre el particular. En lo demás, los artículos 63 y 102 de la 

Carta Política se mencionan cuáles son los bienes de uso público, y de la misma manera el 
 

1 Sentencia T-034 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) 



5 
 

concepto de espacio público se amplía en el ordenamiento jurídico a través de normas como 

son la ley 9 de 1989 y en normas de desarrollo territorial como lo es la ley 388 de 1997. 

 

De igual manera, es deber del Estado brindarles a los ciudadanos las condiciones 

necesarias para el derecho al uso y goce de las aceras y demás espacios públicos que hagan 

parte de las ciudades o territorios, ya que no sólo basta que estos derechos se encuentren 

enunciados en la Constitución Política, Leyes, Ordenanzas, Acuerdos Municipales y en el 

POT (Plan de Ordenamiento Territorial).  Los ciudadanos de Yarumal podrían invocar 

estos mecanismos Constitucionales, ejerciendo sus acciones como ciudadanos, tales como 

son: El Derecho de Petición, la Acción de Tutela y la Acción Popular, y demás acciones 

legales, con el fin de que se restablezcan los derechos vulnerados a la libre movilización o 

locomoción, para poder transitar en condiciones seguras por estos espacios públicos. 

 

La presentación de este artículo se divide en cuatro secciones: Una primera sección 

en donde se hace una aproximación sociológica, del uso y goce de las aceras del municipio 

de Yarumal, recurriendo a relatos e imaginarios que han construido sus habitantes a través 

del tiempo y la relación cotidiana con estos espacios, tomando como referencia algunos 

textos de autores que han escrito sobre el espacio público y su incidencia en las relaciones 

sociales derivadas de su uso y goce.   

 

En una segunda sección, el texto del artículo se introduce en el campo de la norma 

Constitucional, la ley y la jurisprudencia colombiana;  hace un recuento minucioso de lo 

que la ley y la jurisprudencia han dictado desde la vigencia del Código Civil de 1873 que 

en el artículo 674 define un límite a la definición de los “bienes de uso público” y a la 

salvaguarda los derechos de dominio privado sobre los bienes inmuebles; para 

posteriormente llegar a las épocas actuales en donde  se definió el concepto del espacio 

público en la Ley 9 de 1988 en los artículos 5 y 6 de la misma. De la Carta política se 

resaltan los pronunciamientos de las Altas Cortes en torno a los mandatos de la 

Constitución de 1991 en cuestiones como son la protección integral del espacio público en 

pro de las garantías y los derechos de la ciudadanía. Del poder legislativo se destaca la 

evolución normativa que inicia con el decreto 1504 de 1998 y las demás disposiciones 

jurídicas que se recogen en el Código Civil Colombiano, Ley 388 de 1997 (Ley de 



6 
 

Desarrollo Territorial y Urbano) Ley 9 de 1989 (nombras sobre el Plan de Desarrollo 

Municipal entre otras), Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 (Reglamento del sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio) en donde se recopilan las normas que regulan el espacio 

público y las aceras en Colombia. 

 

En una tercera sección de este escrito se analizan y estudian algunos apartados 

relevantes de las aceras en el Plan de Ordenamiento Territorial Básico del Municipio de 

Yarumal, norma vigente desde el año 2000, y por ende es una disposición desactualizada 

para esta época, por la falta de un acuerdo municipal que lo actualice. En este punto del 

escrito se recuerda el compromiso que tiene el Estado en cabeza de las administraciones 

municipales con la construcción de la infraestructura necesaria para mejorar el inmobiliario 

urbano como de las calles en especial la construcción de las aceras como espacios 

transitables. En la actualidad muchas intervenciones urbanísticas siguen pendientes de 

hacer en el municipio, para ello no se ha tenido en cuenta la normatividad técnica, ni las 

incontables necesidades frente al uso y goce de las calles y las aceras del municipio por 

parte de los habitantes, surgiendo una problemática aún mayor como es el enorme 

crecimiento poblacional y que las nuevas construcciones privadas han deteriorado la malla 

vial y las áreas transitables por los ciudadanos. 

 

Por último, se presenta una cuarta sección en donde se invita al lector a que haga 

uso de los mecanismos constitucionales para proteger el derecho al uso y goce del espacio 

público como derecho fundamental o derecho colectivo, consagrados en la Constitución 

Política y en la Ley, tales como son las acciones públicas constitucionales, siendo la más 

importante de todas la Acción popular, por ser el medio procesal idóneo para proteger el 

espacio público.   Además de la descripción en detalle de los demás mecanismos como son: 

el Derecho de petición, la Acción de tutela y la Acción de cumplimiento.  Para finalizar este 

artículo se hacen unas reflexiones y recomendaciones para los ciudadanos y la 

Administración Municipal de Yarumal. 

 

1. LAS ACERAS: UNA APROPIACIÓN COTIDIANA POR LOS HABITANTES 

DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 

 



7 
 

Es desde los espacios públicos en las ciudades que se parte de la premisa que el 

espacio público se organiza a partir de la vida colectiva y en donde los ciudadanos se ven 

representados dentro de esa sociedad (Paramo, Jiménez-Domínguez, Barrios, Pasquali, 

Vivas, Moros, Álzate, Jaramillo & Moyano, 2018, p. 347)2 por ende uno de los propósitos 

de los espacios públicos es que se den a conocer aquellas experiencias de vida de los 

ciudadanos, cuando se asumen éstos como lugares simbólicos de la ciudad, son lugares en 

donde se intercambian significados. (Vidal y Pol, 2005 citado en Páramo & Burbano 2014, 

p. 8). 

 

Las aceras, así como las definen los habitantes del municipio de Yarumal en su 

lenguaje cotidiano, no sólo son escenarios físicos públicos que hacen parte de un territorio. 

Son espacios, impregnados por las transformaciones antropológicas a estas pequeñas 

porciones de territorios, que propician interconexiones con otros espacios públicos y 

privados, creados y completados por el uso, goce y disfrute  que le dan los habitantes: 

Como para conversar, de tránsito, de juego, de encuentro, entre otras actividades, que 

reafirman la impronta de bien común a través de las prácticas colectivas; espacios de los 

cuales se han apropiado los habitantes en su cotidianidad a través del tiempo, en los cuales 

se jugaban  rayuela, caminaron al colegio, se sentaban a departir con sus vecinos y amigos, 

se deslizaron en los patines apoyados de las paredes de las viviendas y evocaciones de  

algunos cuando eran niños de las recomendaciones de sus madres cuando los enviaban a la 

tienda “mucho cuidado con los carros, no se baje a la calle, por la cerita”. Espacios públicos 

que han sido resignificados y complementados por la población que los habitan. 

 

Para Carrión (2016) el espacio público cumple una función dentro de la ciudad, 

convirtiéndose en elemento de representación de la colectividad, desde allí se visibiliza la 

sociedad porque es el punto de encuentro de lo que él llama “los diversos”, es decir aquella 

población que siente orgullo por la adopción de un gentilicio porque en sus ciudades hay 

espacios de representación y reconocimiento social. Cuando se identifican las 

 
2 El texto citado hace alusión al artículo “La habitabilidad del espacio público en las ciudades de América 

Latina” en donde los autores mediante un estudio descriptivo relacional investigan la evaluación personal de 

las condiciones que caracterizan la habitabilidad del espacio público en 11 ciudades de 7 países de América 

Latina. 



8 
 

apropiaciones simbólicas del espacio público, esta carga simbólica trasciende de 

condiciones locales a condiciones nacionales. (pp. 26-27) 

 

El espacio público debe ser incluyente para el uso, goce y disfrute de los habitantes 

de un territorio, quienes para el caso de Yarumal, lo definen y lo resignifican también a 

través de expresiones discursivas y vivencias cotidianas, relacionadas con la lluvia que 

predomina durante varios meses del año, tomando como ejemplo esta expresión: “cuando 

llueve a cantaros, y son sorprendidos por las lluvias, los transeúntes buscan las aceras 

amplias para escampar mientras pasa el aguacero”. 

 

Entre los ciudadanos y los lugares producidos y construidos tanto cultural como 

socialmente puede llegar a existir, según como lo afirma el autor Hernández García (2013) 

un vínculo emocional o un apego subjetivo y emocional (p. 167). Este vínculo para el 

mismo autor es algo que él llama un "constructo mental", que sólo se puede entender a 

través de un proceso de interpretación que únicamente perciben los sentidos o lo construye 

la mente, como si fueran mapas mentales en donde se experimentan lugares, espacios y 

comunidades donde vivimos. (p. 169) 

 

Para Hernández García (2013) otra manera de interpretar y entender el espacio 

público es a través de símbolos o señales a las que se les otorga un significado en términos 

de representación cognoscitiva que haga ver el espacio público como un imaginario urbano, 

en donde los objetos, los acontecimientos y las apariencias adquieran significados y 

valores. (p. 170) 

 

Siguiendo a Paramo y Burbano (2014), quienes afirman que: 

 

Los significados que las personas le atribuyen a los elementos que se 

encuentran en el espacio son los que le confieren una impronta a los usos y 

las prácticas que se han desarrollado en el espacio público en el pasado. (p. 

7) 

 



9 
 

De igual manera los mismos autores, siguiendo a Burbano (2013), mencionan que el 

espacio público es usado para comunicar símbolos que diferencian los usos de los lugares 

para crear arraigo, y que esto contribuye con la apropiación del espacio público, evitando 

que los espacios se vuelvan rutinarios, y se presten para facilitar la experiencia de vida 

desde lo que es público. (Páramo & Burbano, 2014, p. 8) 

 

Se puede afirmar entonces que cuando se menciona que en el espacio público se 

congregan manifestaciones políticas y sociales, es porque es el lugar propicio para que los 

encuentros entre las personas propendan por construir tejido social al interior de las 

ciudades, de manera que se gesten prácticas sociales en donde se impacte la calidad de vida 

urbana. (Páramo et al, 2018, pp. 347, 349) 

 

Volviendo al caso de Yarumal, en el municipio aún permanecen algunas aceras que 

fueron construidas a comienzos del siglo pasado, los cuales fueron diseñadas para cumplir 

con varios fines como: La protección de las tapias, las goteras del tejado ya que estas 

debían sobrepasar el tamaño de la acera, rodear el perímetro de la casa y se debían tener en 

buenas condiciones, lo cual le daba el estatus a la casa y a la familia que la habitaba. En 

ocasiones los habitantes hacían alusión a la acera de la casa de la familia con expresiones 

tan populares como: “nos pusimos a conversar, cuando nos encontramos en la acera de las 

Palacios”, “me escampe en la acera de las conchitas”. 

 

Caminar en otros tiempos por las aceras de este municipio permitían a sus 

habitantes conservar el traje y los zapatos limpios, ya que la mayoría de las calles eran 

empedradas y muy lisas por la inclinación del terreno, además de la inclinación que debían 

tener la calle para que corriera las aguas lluvias. Las aceras en aquel entonces se unían a la 

de la casa vecina, se mantenía limpias, se barrían con escoba de “cola de zorro”, les 

retiraban la maleza con frecuencia para que la autoridad no les impusiera multa; el material 

que utilizaban para decorarlas era con piedras planas y las familias más pudientes les 

colocaban losas de barro, conocido como el “piso enclaustrado”.  Estas aceras por las que 

hoy transitan cotidianamente los habitantes del municipio son como un lienzo pintado a 

“cuatro manos” que da como resultado un lienzo de diferentes matices pintado por los 

habitantes del municipio con unas características contrarias a las normas establecidas; lo 



10 
 

cual hace se vea limitado  su  uso y goce en muchos de estos espacios en el casco urbano de 

este municipio; ya que no hay trayectos discontinuos,  algunas están recubiertas por 

materiales deslizantes, son cortas, tienen sillas y rejas que abarcan parcial o totalmente la 

acera. 

 

Los habitantes en los andenes han dejado marcas en su estructura, las cuales en 

algún momento se podrían recurrir para estudiar aspectos del desarrollo arquitectónico que 

han tenido a lo largo de los años estos espacios del municipio, y que a su vez han 

dinamizado o restringido el uso y goce de éstos. 

 

Páramo & Burbano (2019) siguiendo los argumentos de Shaftoe (2008) indican 

sobre algunas características que le aportan del espacio público, y al encuentro de las 

personas. Una de ellas, y la más importante es el problema que causa el desorden de las 

señales que distinguen el inmobiliario urbano, tales como son los mapas o aquellas señales 

ilegibles en mal estado, además de las interrupciones y obstáculos ocasionada por los postes 

del alumbrado que dificultan el paso de los peatones. (p. 29) 

 

Cuando se habla de vida territorial esto implica que el individuo cuando utiliza el 

espacio público hace de éste un lugar para crear arraigo consigo mismo y con sus 

sentimientos, aunque puede suceder que en la ciudad haya espacios rutinarios y efímeros 

que no adquieran un significado de apropiación para el individuo que lo utiliza (Páramo & 

Burbano 2014, p. 8). Se trata de aquellos espacios públicos que han sido "culturizados" por 

medio de la apropiación del hombre en su entorno, sea en términos materiales o simbólicos, 

lo que genera en los habitantes del territorio un sentido de identidad, de pertenencia, de 

propiedad, de relaciones humanas. Si se abandona por completo el espacio público 

significaría que dichos sentimientos hacia lo propio se han perdido, o que la historia del 

individuo no pertenece ni está rodeado de ese hábitat social. Es de recordar las tradiciones 

de generaciones pasadas, la gente mayor tomaba la banqueta de una calle o un parque para 

conversar, para rezar, o para compartir con sus vecinos. Este simple espacio de la ciudad 

propicia que se desarrolle una actividad cotidiana que satisface necesidades (Fonseca, 2015, 

p. 5). 

 



11 
 

Al leer a Carrión (2016), él plantea que desde la óptica de la apropiación simbólica 

del espacio público existen unos elementos que lo identifican, y precisamente uno de ellos 

es la nomenclatura. En el continente americano se ha tenido a lo largo de la historia una 

nomenclatura costumbrista, emergida de la vida cotidiana de sus habitantes, siendo 

expresada en las ciudades, ya que estos son los espacios en donde se suman visiones 

parciales y segmentadas, tales como: las partes de un barrio, de una cuadra, de una calle, de 

una esquina o de una tradición. Esta apropiación simbólica pasa luego por unos elementos 

conmemorativos, que buscan recuperar la historia oficial de cada territorio. (p. 27-28)  

 

Es el espacio público el lugar que por sus características y funcionalidad constituyen 

un lugar de encuentro, de identidad cultural y social, por lo tanto, las aceras son espacios 

públicos por donde circulan los habitantes en su cotidianidad, y por lo tanto son creados, 

usados y gozados por varias generaciones, adaptados de acuerdo con las normas y a las 

necesidades de los habitantes el territorio. 

 

El ser humano es profundamente territorial al igual que los animales. El individuo 

se apropia del espacio cotidiano para dejar su huella, es decir para ser partícipe de 

defenderlo, modificarlo y recrearlo. La territorialidad se manifiesta de muchas maneras en 

especial en ámbitos urbanos, por lo que se convierte en un referente de identidad innato 

presente en cada persona. (Garzón Valle, 2016, p. 102) 

 

Garzón Valle (2016) hace un análisis con respecto a la apropiación espacial y a los 

imaginarios urbanos, se pregunta por la relación estrecha en la que se forma el ciudadano 

cuando hace parte de los procesos de apropiación de espacio en conjunto con los 

imaginarios urbanos, aseverando que no se trata de una relación lineal, porque el 

imaginario urbano condiciona la apropiación del espacio, en tanto que la apropiación 

espacial modifica el imaginario urbano (p. 102). Por último, en su disertación Garzón 

Valle, llega a la conclusión "que tanto las formas de apropiación espacial, como los 

imaginarios constituyen fenómenos de gran subjetividad que enriquecen la vida urbana" 

(p. 102) 

 



12 
 

Siguiendo a lo que advierten Perea, Vásquez, Betancourt y Salcedo (2011) "el 

espacio público es un símbolo de la ciudad en sí misma", donde todo lo que compone la 

ciudad siempre tiene un carácter relacional. Por ende, el mismo autor aclara que no se debe 

"aislar ni segregar a unos habitantes de otros sino tender a proporcionarles igualdad para 

habitar", teniendo como premisa que el espacio público es de "dominio público, uso social 

colectivo y multifuncional" (p. 32). 

 

Prosiguiendo con el análisis de Páramo y Burbano en su texto, los mismos 

identifican el papel del espacio público como oferente de interacciones sociales y de 

convivencia, siempre y cuando su diseño este orientado a satisfacer necesidades humanas. 

Así mismo, destacan que cuando el espacio público es incluyente, diverso y sano 

contribuye a mejorar la calidad de vida urbana. Sobre las condiciones que debe cumplir 

para ser un escenario de convivencia y habitable, debe conjugar condiciones físicas, no 

físicas y psicológicas, ya que un espacio exitoso es aquel que es ocupado de manera 

permanente, aunque por desgracia muchos diseñadores no tienen presente ese aspecto 

cuando construyen dichos espacios por lo que los dejan vacíos. (2019, p. 28) 

 

Son los Gobiernos municipales los llamados a ser responsables en mantener estos 

lugares seguros, limpios y transitables, porque son lugares de la ciudad en donde conviven 

diversos fenómenos sociales, siendo los más positivos la apropiación o arraigo sentimental 

de los ciudadanos por éstos y las actividades de recreación, mientras que los negativos son 

la delincuencia, el abandono y la inseguridad.  Estos fenómenos sociales negativos indican 

que estos espacios reflejan en la ciudad situaciones sociales como la pobreza, y máxime si 

ello provoca que haya ciudadanos que convivan con la injusticia tanto social, económica y 

política, de allí la importancia de que existan intereses en común para que la misma 

ciudadanía combata fenómenos sociales como lo son la desigualdad y la segmentación 

social. (Fonseca, 2015, pp. 6-7)  

 

De igual manera, es indispensable traer a colación lo que proponen los urbanistas 

daneses Jan Gehl, Lars Gemzøe y Sia Karnaes acerca de 12 criterios que ellos desarrollaron 



13 
 

para determinar cómo evaluar un buen espacio público3. De esos 12 criterios, 2 de ellos 

aplican para tener en cuenta en el contexto del municipio de Yarumal, los cuales son: la 

protección contra el tráfico y, los espacios para caminar. Del primero de los criterios, los 

autores mencionan que “las ciudades deben brindar seguridad a los peatones, para que se 

puedan desplazar con total confianza por las calles, sin tener la constante preocupación de 

que serán alcanzados por un auto” (Martinez Gaete, 2013, parr. 4) En tanto que el otro 

criterio explica que “los espacios públicos sean apreciados como lugares atractivos para 

caminar, es importante que cuenten con ciertos requisitos en toda (su extensión)” (parr. 6) 

 

Los anteriores aspectos sociológicos contribuyen en resaltar el vínculo social que 

han tenido los habitantes de Yarumal a través del tiempo con el espacio público caso 

concreto las aceras, las cuales han dejado huella en sus transformaciones arquitectónicas. 

 

La Constitución Política de Colombia y la jurisprudencia han buscado sin duda 

proteger los derechos y deberes de los ciudadanos frente al uso, goce y disfrute de estos 

espacios. En la siguiente sección de este artículo se tiene como objetivo ampliar la 

aproximación antropológica y sociológica del uso, goce y disfrute de los andenes, pero 

partiendo de las normas constitucionales y legales de nuestro ordenamiento jurídico. 

 

2. FUNDAMENTOS NORMATIVOS QUE REGULAN EL USO Y GOCE DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS EN COLOMBIA 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 y la legislación colombiana, les 

brindan a los habitantes del territorio nacional un compendio de normas para proteger el 

derecho al uso y goce de los andenes como espacios públicos urbanos, dentro de un Estado 

Social de Derecho como el nuestro, el cual garantiza el respeto a la dignidad humana, la 

prevalencia del interés general sobre el particular, además de tener la obligación de 

protegerlos y conservarlos conforme a las normas urbanísticas vigentes.  

 
3 Se trata del libro “New City Life” en el cual se resume la historia de la vida urbana, desde la sociedad 

industrial hasta la de consumo. Entre los principales puntos se encuentra la evolución que tuvo la idea de la 

calidad de los espacios públicos, ya que para algunos antes solo cumplían un rol secundario, pero hoy son 

cruciales para el desarrollo de las ciudades y su integración con los habitantes. A partir de esto, sus autores 

resumieron sus principios en 12 puntos que ayudan a evaluar si un lugar clasifica o no como un buen espacio 

público. 



14 
 

 

Nuestras ciudades y territorios reconocidos por la Constitución y el ordenamiento 

jurídico se conciben formalmente como colectivos sociales, y es mediante la utilización de 

los atributos que otorga el espacio público que la misma ciudadanía se reivindica como 

sociedad, y precisamente de esta reivindicación es que surge la necesidad de comprender 

los derechos fundamentales de los habitantes frente a sus ciudades, tales como son “el 

derecho al espacio público, a la asociación, y a la identidad” (Borja & Muxi, 2000; 

Delgado, 2011) citado por Páramo et al (2018, p. 347). En ese mismo sentido Perea et al 

citan a Viviescas (2006), el cual expresa que “el espacio público es un derecho de la 

sociedad y de las comunidades en particular” (2011, p. 30). 

 

Son los espacios públicos, aquellos que están en cabeza de la Nación de otros entes 

Estatales y cuyo uso pertenece a todos los habitantes, como las calles, plazas, puentes y 

caminos (Ley 57, 1887, Art. 674, inc. 2). Dos criterios que sirven, de acuerdo con la ley 

para clasificar un bien como de uso público: “a) Que pertenezca a una entidad de derecho 

público y b) Que sean destinados al uso común de los habitantes. “las calles, las plazas, 

puentes y caminos” (Velásquez, 2014)  

 

2.1 Normas Constitucionales y Legales que regulan el Espacio Público  

Dentro del contenido de nuestra Constitución Política, las Leyes, la Jurisprudencia 

en materia de derechos constitucionales que profiere la Corte Constitucional hay una serie 

de disposiciones que establecen principios, derechos y garantías para el uso y goce del 

espacio público como las aceras por parte de sus habitantes del territorio colombiano.  

 

2.1.1 Ámbito Legal 

Para comenzar resulta más que necesario remitirse al Código Civil, como el 

conjunto de normas fundamentales del Derecho privado con el fin de  ampliar el espectro 

normativo el cual  hace alusión a los bienes públicos y de uso público como son  las calles, 

las plazas, los puentes y los caminos (Código civil colombiano, Art. 674), entendiendo que 

si se hace alusión a las calles y  plazas se incluyen también los aceras y las aceras haciendo 

parte del entramado de bienes públicos del territorio, por lo que son los particulares quienes 

tienen la potestad de usar y gozar del tránsito por ellos, siempre y cuando se sujeten a las 



15 
 

disposiciones jurídicas en la materia (Código civil colombiano, Art. 678). De igual manera 

prescribe el Código Civil que los ciudadanos deben de solicitar un permiso especial a la 

autoridad competente para poder construir sobre las calles o plazas (Código civil 

colombiano, Art. 679), y que por ningún motivo se puede utilizar el espacio de los andenes 

para hacer obras o cerramientos como lo prohíbe el Art. 680 del código civil colombiano de 

la siguiente manera. 

 

Las columnas, pilastras, gradas, umbrales y cualesquiera otras construcciones que 

sirvan para la comodidad u ornato de los edificios, o hagan parte de ellos, no 

podrán ocupar ningún espacio, por pequeño que sea, de la superficie de las calles, 

plazas, puentes, caminos y demás lugares de propiedad de la Unión. 

 

Es de recordar que estos bienes de uso público pertenecen a los habitantes del 

territorio, en tanto que su utilización está completamente abierta al público. Para el código 

civil estos bienes cuentan con tres características fundamentales que las diferencias de otros 

bienes de dominio privado, que son: inalienables es decir no se les puede cambiar su uso ni 

se pueden vender; imprescriptibles porque no pierden el derecho en favor o contra alguien; 

y por último son inembargables dado que ninguna autoridad judicial del Estado puede 

embargar este tipo de bienes. Por lo anterior el espacio público por ser de dominio público 

tiene una propia división según su objeto, la expresión “dominio público” se refiere a “que 

su destinación es el uso, goce y disfrute público mientras que otros de estos bienes de uso 

público pueden ser de “dominio eminente” o simplemente ser de dominio “privado” del 

Estado” (Nieto, 2000, p. 29)  

 

La Constitución como norma de normas, en este caso, en lo que hace referencia al 

espacio público y el Código Civil, es el punto de partida para enunciar una serie de leyes 

que regulan estos derechos ciudadanos en lo que se refieren al uso y goce de los espacios 

públicos en Colombia; legislaciones que han estado cambiando de acuerdo a las 

necesidades de la sociedad pero sin perder la esencia de la defensa de estos espacios a lo 

largo del tiempo que conjuntamente con los decretos, acuerdos municipales, y entre otros 

amplían el abanico de posibilidades que se respete el uso y goce del espacio público. 

 



16 
 

Antes de la promulgación de la Constitución de 1991, el Gobierno con la expedición 

de la Ley 9 de 1989, dispone que por medio esta ley la prohibición de encerramientos o 

modificación estructurales para velar por el disfrute, goce y el libre tránsito de la 

ciudadanía, con el fin de que los particulares no limiten la libre circulación de los habitantes 

por las aceras. 

 

De acuerdo a los principios y derechos consagrados en  la Constitución de 1991, el 

legislador se vio en la tarea de expedir una Ley en materia de la función pública urbanística 

con el fin de materializar lo referente a la función pública de los municipios y entidades 

territoriales en lo concerniente a la ordenación del territorio dando como resultado la 

promulgación de la Ley 388 de 1997, la cual tiene objetivo armonizar y actualizar las 

disposiciones de la Ley 9 de 1989 teniendo como referencia la norma constitucional. Esta 

Ley 388 de 1997 brinda a los municipios el ejercicio de su autonomía en lo que se refiere a 

las acciones urbanísticas que se deben desarrollar dentro de las localidades, en materia de 

destinación del uso equitativo y racional del suelo, teniendo entre uno de sus principios la 

prevalencia del interés general sobre el particular en la destinación del uso del suelo en 

materia urbanística.  

 

La función pública de los municipios conforme a la ley 338 de 1997, en razón de su 

propósito, busca que el urbanismo debe cumplir varios fines, uno de ellos es el de 

posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas y destinar los espacios de uso 

común. Esto da píe a los lineamientos legales para las acciones político-administrativas las 

cuales tienen como requisito para su elaboración e implementación del Plan de 

Ordenamiento Territorial la concertación con la comunidad de acuerdo a la Constitución 

Política y las Leyes, para lo cual el municipio debe hacer uso de instrumentos eficientes 

para el desarrollo del territorio, de manera que exista un desarrollo armónico de los 

componentes del POT (objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, actuaciones, 

programas y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio 

y la utilización del suelo, con el fin de administrar el desarrollo físico urbano). 

 

Con respecto a la ley 1083 del 31 de julio del 2006, por medio de la cual se 

establece la implementación por medio del Decreto los Planes de Movilidad en 



17 
 

concordancia con el nivel de prevalencia de las normas del respectivo Plan de 

Ordenamiento Territorial. En dichos Planes de Movilidad deberán identificar la estructura 

vial y la circulación peatonal de acuerdo con las normas vigentes de accesibilidad, 

respetando las condiciones de seguridad en el tránsito de peatones. Es una norma que desde 

la lectura del articulo 3 propende garantizar la accesibilidad a todas las personas en 

condiciones adecuadas para todos los grupos poblacionales, en especial a los menores de 

edad y a aquellas personas que presenten algún tipo de discapacidad, que para el caso del 

municipio de Yarumal dentro de al interior de su perímetro urbano contempla la 

construcción de elementos de perfil vial, en especial de los andenes, edificaciones que por 

cierto están contemplados dentro del POT, pero que el municipio aún no ha actualizado, por 

ello muchos de estos espacios públicos se encuentran en tan mal estado y no han tenido 

intervención en años.  

 

Esta norma obtuvo su reglamentación con la expedición del Decreto 798 de 2010 de 

la Ley 1083 del 2006. Para este caso la labor del legislativo en este caso fue darse a la tarea 

de establecer los estándares urbanísticos básicos para el desarrollo de los espacios públicos 

conforme a lo que la administración pública llama red peatonal, para lo cual esta norma 

reglamentaria en principio solo de aplicación técnica se dispuso para ser acogida no solo en 

aquellos perímetros urbanos de gran confluencia, sino también para los municipios. Se 

define en ésta que las aceras son aquellas franjas longitudinales de la vía urbana destinada 

al tránsito continuo solo de peatones (Art. 3 #1), que se compone además de la franja de 

circulación peatonal y de la franja de amueblamiento (art 8, lit. a), cuya medida mínima de 

la primera será de 1.20 mts (Art 8, lit b), y la de amoblamiento sin arborización será de 0.70 

mts (Art 8, lit c). Para el diseño y la construcción de vados y rampas se aplicará en lo 

pertinente la Norma Técnica Colombiana NTC 4143 "Accesibilidad de las personas al 

medio físico. Edificios, Rampas Fijas" (Art 8, lit d).  Además, se debe cumplir con las 

normas técnicas para orientar el desplazamiento de las personas invidentes o de baja visión 

en el diseño y construcción de los andenes se aplicará, en lo pertinente, la Norma Técnica 

Colombiana NTC 5610 "Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización Táctil" 

(Art 8, lit e). Las normas descritas no son aplicables en el caso del municipio de Yarumal, 

toda vez que fueros sancionadas con posterioridad al último POT aprobado por el concejo 



18 
 

municipal en el año 2000, de igual manera los estándares urbanísticos que sirven como 

parámetro mínimo de calidad lo que difiere en gran medida a las características del suelo y 

el territorio del casco urbano del municipio, ya que las manzanas ocupan mucho mayor 

espacio que las calles aledañas, por lo que el espacio para los vehículos en ciertas zonas del 

municipio es muy estrecho, y lo mismo sucede con las aceras para los transeúntes.  

 

 Una última normatividad para tener en cuenta se trataría de la ley 1801 de 2016 

(Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana corregida mediante el decreto 555 

de 2017), en esta norma que dispone la sanción a los ciudadanos infractores de 

comportamientos que vayan en contravía al cuidado e integridad del espacio público, en 

donde se determina la prohibición de realizar obras de construcción o remodelación en las 

vías vehiculares, peatonales, o espacios públicos, además de su indebida ocupación 

violando la normatividad existente y sin tener en cuenta la debida autorización de la 

autoridad competente para el caso en concreto (Articulo 11 #2, 4, 6). De igual manera, la 

norma enfatiza en la protección de los espacios públicos cuando los ciudadanos se 

comportan contrariamente al cuidado e integridad del espacio público, tales como son  la 

promoción y/o ocupación del espacio violando la normatividad vigente. (Artículo 140 # 4, 

6). Con respecto a esta última disposición jurídica, es un reflejo de una problemática que se 

presenta con aquellos negocios callejeros que se acomodan en los andenes de las casas, lo 

que de cierta manera impide el trasegar de muchas personas, especialmente en calles que 

son muy concurridas por el tráfico vehicular. Esto provoca que la gente no transite por los 

andenes y camine por calles por donde pasa un constante flujo vehicular, lo que afecta tanto 

a adultos mayores como a jóvenes estudiantes cuando van para sus colegios o escuelas, y se 

agrava aún más en tiempos de invierno, ya que perturba el resguardarse de la lluvia en 

aquellos andenes que son obstaculizados por particulares que impiden el libre tránsito. 

 

 Como lo pudimos observar en el apartado de este artículo, las normas legales y 

reglamentarias son la causa para que el ciudadano invoque la justicia para hacer ejercer el 

derecho al uso y goce del espacio público, pero la anunciación y el acatamiento de éstas, 

deben estar articuladas a las acciones que realiza el Estado a través de sus instituciones. Sin 

embargo, en la realidad nos encontramos con que las instituciones hacen caso omiso y no 

emprenden acciones concretas para actualizare implementar el POT.  Un caso concreto en 



19 
 

concreto es lo que ocurre con la administración del municipio de Yarumal ya que falta 

actualizar su POT el cual fue aprobado en el año 2000 por el Concejo Municipal, por ende, 

esta desactualización es uno de los factores que impiden el uso y goce de las aceras por 

parte de los habitantes del municipio de Yarumal.   

 

2.1.2 Ámbito Constitucional  

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, en lo que precisan 

sus artículos 1 y 2, se dispone de una serie de principios y deberes del Estado para con la 

ciudadanía y su vínculo con el espacio público, de allí que los fines sociales del Estado 

colombiano prevalecen para el desarrollo armónico de las comunidades, promoviendo la 

prosperidad general en aras de garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución Política del 91, y teniendo como propósito lograr 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica, además de la vigencia 

de un orden justo, donde se protejan los bienes públicos, que en este caso en particular se 

trata de los andenes  de los cascos urbanos de nuestro país. 

 

La autoridad que debe ejercer el Estado no es sólo aplicar unas simples medidas 

coercitivas frente a los ciudadanos que infringen las normas del espacio público, más bien 

le concierne fomentar en los ciudadanos el respeto y el buen uso de los bienes de uso 

público y en divulgar las normas y recursos constitucionales para su protección, por lo que 

a partir de estas acciones se contribuyen con el cumplimiento de los deberes de los 

ciudadanos en el Estado Social de Derecho. 

 

La Constitución Política hace una precisión frente a cuáles son los bienes de la 

nación: bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos 

étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación (Constitución 

Política de Colombia, Art. 63), por ello el Territorio, bienes públicos  forman parte de él y 

hacen parte de la Nación (Constitución Política de Colombia, Art. 102), el cuál presta un 

servicio a todos los habitantes del territorio, por ende se afirma que estos espacios se 

caracterizan no solo por ser bienes públicos, sino porque son inalienables, imprescriptibles 

e inembargables.  

 



20 
 

Es fundamental reconocer que hacen parte de los deberes del Estado y que están 

consignados en el mandato constitucional velar por “el bienestar general y el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado” (Constitución 

Política de Colombia, 1991, Art. 366), de esta manera todos los ciudadanos del municipio 

acceden al uso del espacio público, tal y como lo enuncia la carta política en su artículo 82, 

mencionando que: 

 

Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y 

por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las 

entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y 

regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés 

común. 

 

Sobre las características de los bienes de uso público, dice la norma que 

 

El uso corresponde a todos sus habitantes, son bienes en cabeza del Estado, son 

imprescriptibles, son inalienables, son inembargables. Los bienes de uso público 

destinados a parques, zonas verdes, aceras y vías públicas no pueden ser encerrados 

de forma tal que priven a la ciudadanía de uso, goce y disfrute visual y libre tránsito 

(Ley 9 1989, Art. 6, inc. 3) (Velásquez, 2014).  

 

De lo escrito anteriormente se concluye que le corresponde al Estado a través de sus 

autoridades administrativas en cada territorio varias funciones, la primera de ellas es aplicar 

las sanciones frente a los abusos que puedan ocasionar estas modificaciones a las aceras; 

una segunda función es garantizar el uso adecuado de las aceras en pro de la ciudadanía en 

general, y una tercera función es el mantenimiento de las aceras puesto que hacen parte de 

los espacios públicos.  Sumado a lo anterior, el Estado es el principal sujeto obligado en 

promover las condiciones de igualdad entre todos los habitantes, es decir, si una acera de 

amplia circulación no se encuentran en buen estado para ser transitadas y no cumple con las 

especificaciones arquitectónicas y de seguridad para su uso, frente a este inconveniente de 

movilidad peatonal, se causaría afectación del uso y el goce de estos bienes a los 

ciudadanos que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, tal como lo prescribe 

el artículo 13 de la máxima Carta Política. 



21 
 

 

2.1.3. Ámbito Jurisprudencial 

Dentro de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se puede comenzar con 

la primera providencia del año 1992, que indica “ningún particular puede considerar que 

tiene derechos adquiridos sobre los bienes de uso público y que tampoco podría alegar una 

posible prescripción adquisitiva de dominio sobre ellos” (Corte Constitucional, T-550, 

1992)4, en tanto que otra sentencia del mismo año, la Corte relaciona el espacio público con 

la zona peatonal, mencionando lo siguiente al respecto. 

 

El Espacio Público es objeto de la regulación jurídica por virtud de la acción del 

Estado en sus diversos niveles que van desde las definiciones y prescripciones de 

carácter legal, hasta las disposiciones, reglamentos y órdenes administrativas.  

Adquiere esta noción una categoría especial en el nuevo orden normativo 

constitucional, pues el constituyente optó por la alternativa de consagrarla en el 

nivel constitucional para permitir al legislador su desarrollo dentro del marco del 

Estado y de la Constitución pluralistas que se inauguran a partir de la entrada en 

vigencia de la Carta de 1991. La ocupación de la zona peatonal a que se refieren los 

peticionarios se producía en todas las horas del día, los ocupantes de dicho espacio 

público son conocidos, sus prácticas fueron regulares, habituales y continuadas, y 

comportaban la extensión ilegítima o no autorizada de la actividad comercial e 

industrial que desarrollan. (Corte Constitucional de Colombia, T-610, 1992) 

 

En 1995 la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-288 (M.P Eduardo 

Cifuentes Muñoz) se preocupó por el derecho a la igualdad de los ciudadanos con respecto 

al acceso a los espacios públicos, en tanto que mediante providencia de tutela hizo un 

llamado a las autoridades o particulares a propender por la protección, la integridad y el uso 

común de estos espacios, de manera que se garantice la movilidad general de personas con 

movilidad reducida, o personas con capacidad de orientación reducida por la edad, por el 

analfabetismo o la enfermedad incapacitante.  

 

 
4 Se trata de un tutelante que ve vulnerado su derecho a la locomoción.  Solicita en el escrito de tutela la 

inmediata restitución de las vías públicas adyacentes a la sede del Departamento Administrativo de Seguridad 

DAS, toda vez que habían colocado obstáculos existentes tales como vallas, casetas, y cercas que impiden el 

libre paso de personas y vehículos. Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo.  



22 
 

Luego en 1998, la Corte se pronuncia sobre los espacios para que los transeúntes se 

desplacen por las calles y avenidas de las ciudades colombianas, advirtiendo que 

 

Bajo condiciones normales de circulación, los transeúntes aceptan libremente un 

espacio lateral que les permita sobrepasar a una persona sin que se llegue a 

condiciones de aglomeración. En este sentido el diseño de los andenes debe tener 

en cuenta las áreas que serán utilizadas para el ascenso y descenso de los 

transportes urbanos y, con mayor justificación, de los transportes escolares…. 

Las variables que definen un sistema de circulación peatonal permiten 

establecer una evaluación de calidad del servicio con que pueden operar los 

transeúntes y, por ende, la calidad de vida de los mismos…. 

Si además el flujo es forzado porque es sitio obligado para transitar o para 

esperar un transporte urbano o escolar, la inexistencia o mala calidad del servicio 

puede poner en peligro la seguridad de las personas. (Corte Constitucional, T-427, 

1998) 

 

El uso de espacios públicos como las aceras deben garantizar la inclusión social 

para su uso y goce de toda la población. En caso de verse vulnerado estos derechos, en 

primer lugar, los habitantes deben de reconocer los derechos que se les han vulnerado a 

través del conocimiento de las normas constitucionales y legales; en segundo lugar, puedan 

emprender acciones concretas e inmediatas en el menor tiempo posible buscando a través 

de estas que se les restituyan el derecho vulnerado.  

 

Sobre la reglamentación del uso por parte de los ciudadanos de las vías públicas, 

menciona la Corte que 

 

 Precisamente por estar al alcance y al servicio de todos, la integridad del espacio 

público corre inminente riesgo de deterioro si no se cuenta con una regulación 

estricta que establezca pautas de comportamiento sensatas y controles efectivos 

frente a los desmanes de que pueda ser objeto. 

Las repercusiones que podrían generar en la sociedad un control deficiente 

o una inadecuada reglamentación del espacio público van desde la simple 

incomodidad ciudadana hasta la perturbación grave de la tranquilidad, la seguridad, 



23 
 

la salubridad y la moralidad públicas. Por ello la Corte procedió a avalar. La 

legitimidad de las conductas tendientes a tratar de proteger el espacio público y el 

legítimo interés de las ciudades, de proteger los derechos y los intereses de la 

colectividad y en especial de los peatones. Así las cosas, la función de regular el 

uso del suelo y del espacio público corresponde a una verdadera necesidad 

colectiva y, por tanto, no es apenas una facultad sino un deber de prioritaria 

atención. (Corte Constitucional, C-355, 2003) 

 

Un ciudadano con movilidad reducida entuteló sus derechos fundamentales a la 

libre movilidad y locomoción, a la dignidad humana y a la integridad física contra los 

municipios de Pereira y la Virginia, dado que el tutelante con su silla de ruedas le es 

imposible acceder a un puente por los bolardos y otros obstáculos. La Corte, al respecto se 

pronunció de la siguiente manera: 

 

(…) el Estado, en todos sus niveles, tiene el deber de garantizar el acceso a los 

espacios físicos de uso público de las personas con movilidad reducida, ya sea a 

través del diseño previo de sus políticas públicas y de proyectos adecuados a sus 

necesidades, o de la eliminación de las barreras físicas ya existentes, para 

posibilitarles que puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en 

todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones con las demás personas. 

(Corte Constitucional, T-621, 2019) 

  

 El ámbito Constitucional y el Legal deben ser invocados cuando se vulneran el 

derecho al uso y goce de las aceras como espacios públicos como sucede en el municipio de 

Yarumal. El Estado Social de Derecho está en la función y el deber de garantizar que se 

cumplan los derechos fundamentales en conexión con otros derechos regulados en la 

Legislación Colombiana. En la próxima sección se hará una aproximación al POT del 

Municipio de Yarumal, con respecto al tema que estamos tratando en este artículo. 

 

3. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE   

YARUMAL ANTIOQUIA (2000) 

 



24 
 

Para iniciar este capítulo es importante recordar que el compendio normativo  

colombiano entrega la función expresa y la responsabilidad de hacer cumplir todas las 

normas sobre la protección y el acceso al espacio público a los alcaldes de cada localidad, 

siempre y cuando todas sus decisiones provengan de los respectivos Acuerdos que emanen 

los Concejos municipales, teniendo como presente que con la Carta Política de 1991 las 

alcaldías municipales las indicadas para aplicar los criterios del derecho en materia 

administrativa en lo que concierne al uso, disfrute y mantenimiento de los espacios públicos 

en los territorios.  

 

Es con la expedición de la Ley 388 de 1997 en la cual se desarrollan los 

lineamientos básicos del POT territorial, los cuales se tomarán en cuenta los parámetros y 

lineamientos fundamentales para la implementación y aplicación del POT en todos los 

municipios del país. Por ello es necesario tener en cuenta que el actual Plan de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Yarumal fue elaborado en el año 2.000, en el 

cual se enuncia el desarrollo de obras a desarrollar frente al uso y goce de espacio público, 

reconociendo desde luego, al  espacio público lugares tales  como son: las áreas para la 

recreación, los parques, las plazas, zonas verdes, las calles, andenes entre otros; además de 

la instalación y usos del amueblamiento urbano, la circulación vehicular y peatonal en las 

zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo  para el uso y el 

disfrute colectivo y con el objetivo de  garantizar el desarrollo coherente e integral del 

territorio.  

El proceso de análisis del territorio urbano municipal en términos de la organización 

espacial del mismo permite identificar que el espacio público, debe ser caracterizado y 

valorado desde la necesidad de construir un equilibrado escenario municipal articulador de 

lo urbano y lo rural en términos socio ambiental. Para los efectos de este Plan, se 

consideran elementos constitutivos del espacio público de manera genérica los siguientes 

escenarios, 

 

Las Áreas Viales: Comprende todas aquellas áreas afectadas por el desarrollo vial y 

de transportes existentes o proyectados según el Plan Vial. Se consideran afectadas 

para este uso los retiros viales, las fajas de vía, la sección pública (Calzada, Zona 



25 
 

Verde y Andén), las vías peatonales y demás corredores de movilización de la 

comunidad dentro del territorio urbano. (Concejo de Yarumal, 2000, p. 95) 

 

El POT como ordenador del espacio urbano en el municipio de Yarumal, tiene 

dentro de sus proyectos a desarrollar en lo referente al espacio Público urbano, los 

siguientes objetivos, 

 

-La articulación de las restricciones del medio físico urbano a la consolidación del 

espacio público. 

-La priorización de la cuantificación y cualificación del espacio público frente a las 

densidades constructivas. 

-La implementación de un Sistema de Comunicación que lo define como aquellas 

infraestructuras de conexión física que permiten la vinculación social de la 

población, y la movilidad de la población en el contexto local. 

 

De igual manera se considerará la estructuración para el desarrollo espacial del 

municipio las áreas y elementos de comunicación vehicular y peatonal que en condiciones 

óptimas de calidad le permitan la movilidad de la comunidad en el territorio y el acceso a 

los escenarios que constituyan el espacio público, teniendo en cuenta que no se altere o se 

coloque en riesgo su estabilidad.  

 

Unas de las obras consignadas en el POT que más llaman la atención y que en la 

actualidad aún no se ha desarrollado por parte de la administración municipal (actual y 

pasada) en lo que se refiere al Plan Vial Urbano, fueron las obras que se plantearon con el 

objetivo de optimizar el diseño de los espacios internos del parque principal, con el 

propósito de circular y compartir actividades sin que se generen conflictos en la 

convivencia, de manera que se ambiente desde el recorrido peatonal, los escenarios socio 

espaciales y naturales de contexto. Por ello se pretende desarrollar los siguientes aspectos 

en la infraestructura del municipio, tales como: 

 

-Mejorar el amueblamiento. 

-Renovar la vegetación arbórea. 



26 
 

-Recuperar los andenes del marco de la plaza y estimular su desarrollo sobre las 

nuevas secciones viales. 

-Optimizar la iluminación.  

-Unificar la conformación peatonal del parque.  

-Delimitar las actividades de recreación pasiva y deportiva, mercado y parqueo.  

-Mejorar acabados de piso y enriquecer el ambiente con jardines y señalización.  

-Peatonalizar las vías demarcadas en el plan vial. 

-Estimular el mejoramiento de las fachadas. 

-Mejorar acabados de piso además de la publicidad exterior y el acabado de la 

infraestructura vial y peatonal.  

 

Existen otros Proyectos para desarrollar y que causan de gran interés según lo 

planeado en el POT, uno de ellos es el Plan Zonal – Parque Lineal Urbano que consiste en 

la construcción de ejes Peatonales de Conexión entre el Parque Principal, los Centros 

Alternos y las Zonas de Uso Múltiple. 

 

Se tiene entonces como propuesta para mejorar el plan vial urbano que haya una 

jerarquización del sistema vial existente para proyectar en la medida de la demanda del 

crecimiento constructivo, las secciones ideales a nivel de calzada, andenes y zonas verdes. 

 

A todo lo anterior es de destacar lo siguiente, con respecto al POT municipal: 

 

Con respecto a los conflictos presentados en el atravesamiento que hace la vía 

intermunicipal por la cabecera, se debe buscar su reducción desde un proceso de 

mejoramiento y construcción de andenes, antejardines y mejores secciones viales 

asociadas al reconocimiento de la jerarquización del sistema vial definiendo con 

claridad de acuerdos a las normas legales ya establecidas el concepto de 

accesibilidad vial como la condición física, que permite el acceso y la evacuación 

tanto peatonal como vehicular por medio del transporte público y privado, a los 

desarrollos urbanos destinados a cualquier tipo de uso. (Concejo de Yarumal, 2000, 

p. 85) 

 



27 
 

Para las vías peatonales el POT del año 2000, se identifican una clasificación del 

sistema vial urbano del municipio, que conforme a su función, determinará la necesidad de 

ampliar en el largo plazo y de manera regulada las secciones de las vías hasta asegurar un 

óptimo trazado urbano tanto vehicular como peatonal, así establezca el medio físico, la 

sección de vía que se debe asegurar a futuro es: 

 

- Calzada, rampa o escalera: 3.00 metros. 

- Zonas verdes laterales: 1.50 metros a cada lado. 

- Andenes laterales: 1.00 metros a cada lado (Concejo de Yarumal, 2000, p. 89) 

  

Desde luego hay que tener presente que en la actualidad en Yarumal no hay un POT 

actualizado acorde a las necesidades de desarrollo del municipio, el cual sigue estando 

vigente desde el año 2000, lo cual representa bastante tiempo si se considera que las 

dinámicas poblacionales y comerciales en municipio de Yarumal son muy variables ya que 

el número de habitantes urbanos ha aumentado en los últimos años. Este actual POT en lo 

que se refiere al espacio público urbano, no se articula con las dinámicas económicas y 

sociales actuales del municipio, se evidencia además que este POT para la época en que se 

realizó se habían establecido unas obras públicas para mejorar el uso y el goce del espacio 

público urbano, dichas obras solo quedaron en la simple enunciación dentro del plan. 

 

Por la actualidad que vive el municipio y dado que su población ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, es pertinente resaltar ante el desarrollo de las obras 

propuestas y que aún al día de hoy no se han desarrollado en su totalidad (como ya se 

expuesto en este artículo), pareciera pertinente resaltar que en el municipio se han 

desarrollado algunas obras en sectores aledaños al parque principal como son los andenes 

adyacentes a las zonas de comercio establecidas en el municipio, tales como la calle 19 y 

calle 20 entre carreras 20 y 21 que se encuentran en marco del parque principal; además de 

la carrera 19 entre calles 20 y 23 localizadas en los sectores aledaños a la parroquia de la 

Inmaculada. 

 

Sin embargo, merece vital atención resaltar que en Yarumal aún se conservan los 

andenes en pésimas condiciones, muestra de ellos son los que se encuentran localizados 



28 
 

entre la carrera 17 con calle 18; en la conocida calle Caliente, la carrera 20, la cual presenta 

un alto flujo de peatones por el gran número de locales comerciales y la ubicación de 

vehículos de carga, además por ser vía de acceso a la zona de la estación transitan por esta 

vía un gran número de vehículos. Son estas vías comerciales del municipio en donde no se 

han fijados establecido unos horarios para el cargue y descargue de vehículos. Por lo 

angosto de los andenes, se tiene que en muchas ocasiones las personas deben de caminar 

por la vía vehicular poniendo en riesgo la integridad física del peatón. 

 

En lo demás, se agrega que actualmente existen vías en el municipio con un alto 

número de circulación de peatones, por lo que estas presentan barreras arquitectónicas 

(andenes deteriorados, altos, escalas, pisos lisos, rejas entre otras) evidenciando en un gran 

número de calles que no se ha realizado por parte de la administración la recuperación de 

estos andenes y aceras, que como espacios son incluyentes para el uso y goce de sus 

habitantes. 

 

Bajo esta realidad que vive el municipio de Yarumal, vale la penar incluir a este 

escrito una reflexión acerca de la percepción de seguridad que pueda tener un habitante de 

la zona urbana del municipio, de tal manera que cada individuo tenga plenas garantías y 

absoluta libertad para transitar por  las  aceras y vías públicas, aunque se tenga presente las  

reglas impuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, una norma que no pueden 

ser objeto de restricción alguna para el derecho a la libertad de locomoción de los 

habitantes del municipio, siendo estas reglas las llamadas en primera medida a la 

preservación de los espacios públicos en Yarumal.  

 

Al respecto la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que los ciudadanos 

deben sujetarse a los mandamientos constitucionales y legales que regulan el debido 

aprovechamiento del espacio público, como parte de su responsabilidad con la comunidad 

y de sus deberes constitucionales, a su vez en igual pronunciamiento, la Corte  presume  

que una política universal de participación implica “darle la posibilidad a cada individuo 

de hacer uso de todos los espacios necesarios para circular libremente y transportarse, así 



29 
 

como de todos los espacios públicos abiertos” (Corte Constitucional de Colombia, T-024, 

2000)5. 

  

Los habitantes que sienten vulnerados sus derechos al uso y goce de las aceras como 

espacio público urbano, por acción u omisión de personas o de las instituciones estatales 

tienen mecanismos constitucionales a los cuales pueden acudir; como los planteados a 

continuación.  

 

4. MECANISMOS CONSTITUCIONALES PARA LA PROTECCIÓN DEL 

DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO EN COLOMBIA 

 

Según la Constitución Política de 1991 promulga que Colombia es un Estado Social 

de Derecho; por lo cual le corresponde la obligación de reconocer en los individuos unos 

deberes concernientes a la protección de una gran diversidad de derechos colectivos 

sociales, que precisamente como ciudadanos y habitantes de un territorio somos 

beneficiarios, y por lo tanto adquirimos dicha prerrogativa frente al mismo Estado. Bajo ese 

ideal es de recordar que en el campo internacional existen los DESCA, es decir todos 

aquellos derechos que guardan relación con la satisfacción de necesidades básicas de los 

seres humanos, como el suministro de agua potable, la sanidad, la alimentación, la salud, el 

empleo, la seguridad social, la alimentación, la vivienda, la cultura, la educación y por su 

puesto un medio ambiente sano, siendo éste último un derecho colectivo el que hace parte 

del  desarrollo normativo de la carta magna y  promulgado en los artículos 78 hasta el 

artículo 82 de la constitución y que consagra que “Es deber del Estado velar por la 

protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 

prevalece sobre el interés particular”, y a su vez protegidos y aplicados mediante lo 

dispuesto en el artículo 83 hasta el 94 de la misma Carta Política. 

 

 
5 Se trata de la tutela interpuesta por el Personero de Bogotá, en favor del señor Gilberto Pastrana Fernández, 

es una persona con limitación visual (ceguera), quién se encuentra vinculada al Instituto Nacional para Ciegos 

"INCI". El señor Pastrana manifiesta, que debe desplazarse diariamente a su lugar de trabajo por diferentes 

sectores de la capital con los inconvenientes que su limitación física le imponen y que la ubicación de algunos 

bolardos le generan. Aclara que los bolardos son un medio efectivo para recuperar el espacio público y 

concretamente los andenes y que de ello se desprende su utilidad, sin embargo, sostiene que tales bondades 

pueden verse limitadas si se afecta con ello el desplazamiento seguro de los peatones, especialmente de 

personas que como él, sufren de limitaciones físicas.  Magistrado Ponente: Alejandro Mártinez Caballero 



30 
 

Como tal el derecho al espacio público quedó contemplado en la Constitución en el 

artículo 82, haciendo parte del capítulo 3 de los derechos colectivos, siendo un derecho 

reconocido con plenas garantías, suficientes para ser protegido, así como lo prescribe su 

consagración en el artículo 88 de la Carta política. Por tratarse de un derecho colectivo, son 

incontables las posibilidades para ser vulnerado, por lo que es preciso intuir las diversas 

circunstancias de cada afectación sea particularizadas o individualizadas, siempre y cuando 

éstas mismas afectaciones o vulneraciones a este derecho causen secuelas y daños a las 

personas. 

 

La Constitución en su artículo 40 indica que los ciudadanos en ejercicio pueden 

ejercer control político a las acciones político-administrativas del Estado, y uno de esos 

controles es interponer ante el Juez Constitucional el mecanismo de las Acciones públicas. 

De igual manera, el Legislativo ha regulado lo referente al derecho al espacio público en 

varios aspectos, uno de ellos es la positivización de un mecanismo constitucional como lo 

es la acción popular, cuyo propósito es la defensa y la protección del derecho colectivo al 

espacio público. Por mandato constitucional, el legislador hizo dicho desarrollo con la 

expedición de la Ley 472 de 1998, en donde se resalta la importancia del Estado de velar 

por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, el cual 

determina un principio tan importante para el derecho como es la prevalencia del interés 

general sobre el interés particular, tal y como se había mencionado en este escrito. 

 

Por ende, el derecho al espacio público por considerarse un derecho de interés 

colectivo consagrado en la Constitución obtuvo su desarrollo normativo en el artículo 4 de 

la Ley 472 de 1998, que menciona  

 

Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: d) El goce 

del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público”. Cuando 

se habla de derechos e intereses colectivos “se pueden definir como prerrogativas, o 

facultades legalmente reconocidas a la colectividad o al grupo social (Defensoría 

del Pueblo, 2018, p. 5) 

 



31 
 

Esta definición del espacio público es el punto de partida para los habitantes del 

municipio para invocar los mecanismos de defensa o acciones públicas, siendo la primera y 

más recurrente para invocar la Acción Popular, la cual tiene una característica primordial, y 

es que puede ser interpuesta por cualquier persona, así como lo dispone el artículo 12 de la 

Ley 472 de 1998 

 

1. Toda persona natural o jurídica 

2. Las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, cívicas o  

similares.  

3. Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o  

vigilancia  

4. El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros  

Distritales y municipales en lo relacionado con su competencia.  

5. Los alcaldes y los servidores públicos que den promover la protección y defensa  

de los derechos e interés colectivos. 

 

Es entonces la Acción popular el medio procesal idóneo para proteger el espacio 

público, y en cuya consagración constitucional prescribe que la Ley regulará las acciones 

populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el 

patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el 

ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en 

ella. (Constitución política de Colombia, Art 88) 

 

Por demás es válido indicar que la Acción popular se ejerce contra el Estado o 

contra particulares que violen o amenacen derechos colectivos (Ley 472 1998, Art 14), sus 

efectos en cuanto a la sentencia judicial que profiere el Juez son de cosa juzgada respecto 

de las partes y el público en general (Ley 472 1998, Art 35), en su contenido jurídico el 

Juez condena ordenando en hacer o no hacer, y eventualmente  pagar perjuicios pecuniarios 

si se trata de una entidad pública que no cuidó debidamente el bien protegido, en este caso 

las aceras de los municipios. El ciudadano que interponga la acción popular puede hacerlo 

dependiendo si es un funcionario público o que ejerza funciones administrativas, la debe de 

interponer ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pero si la vulneración proviene 



32 
 

de un particular se interpondrá ante la Jurisdicción Civil (Defensoría del Pueblo, 2018, p. 

8), bajo los siguientes requisitos: 

 

-La indicación del funcionario judicial competente. 

-El nombre e identificación de quien ejerce la acción. 

-La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado: Es 

aconsejable hacer una correcta exposición del por qué, cómo y en qué consiste 

dicha amenaza o vulneración, apoyada en un marco legal, jurisprudencial o 

doctrinal; 

-El relato claro y ordenado de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan 

la petición. 

-La determinación de la persona natural o jurídica, o la autoridad pública 

presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuera posible; 

-La enunciación de pretensiones o peticiones que se le hacen al juez para que repare 

la vulneración o la amenaza de que son objeto los derechos e intereses colectivos; 

-Las pruebas que pretenda hacer valer, tales como documentos, testimonios, 

dictámenes periciales, informes, estadísticas, inspecciones judiciales, entre otros; 

-La dirección en la que se reciben las notificaciones. (Defensoría del Pueblo, 2018, 

pp. 8-9) 

 

Como conclusión el fin de las acciones populares es evitar el daño contingente, 

hacer que cese el peligro o la vulneración de los Derechos e intereses colectivos, además de 

restituir las cosas a su estado anterior, como en el caso de las aceras cuando son 

intervenidos por los ciudadanos. (Defensoría del Pueblo, 2018, p. 2) 

 

Es de resaltar que en la actualidad está radicada una Acción popular en el Juzgado 

Doce Administrativo Oral de Medellín; siendo admitida con el número de radicado 05001 

3333012201800012 00 con fecha del dieciséis (16) de enero de dos mil diecisiete (2017)6. 

 
6 Esta acción constitucional fue admitida por la Juez Consuelo Mazo Echavarría del Juzgado Doce 

Administrativo Oral de Medellín, ya que la demanda reunía los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley 

472 de 1998 y se realizó la reclamación prevista en los artículos 144 y 161 del CPACA. Para ello en la 

notificación de la admisión de la demanda se dispusieron varias órdenes: i. notificar al representante de la 

entidad territorial demandada; ii. notificar a los miembros de la comunidad en un diario de amplia circulación; 

iii. correr traslado para que la entidad demandada conteste y allegue la documentación pertinente; iv por 

último que a esta demanda pueda coadyuvar cualquier persona natural o jurídica, organizaciones sociales, 

personería o defensoría del pueblo. 



33 
 

Esta acción fue instaurada por un grupo de estudiantes de Derecho de la U de A sede de 

Yarumal en contra del Municipio. El objetivo de entablar dicha Acción Popular es que se 

ajustara la estructura física de las aceras del municipio a la normatividad técnica vigente de 

los espacios públicos en nuestro país, con el propósito de que los ciudadanos del municipio 

puedan ejercer su derecho al uso y goce del espacio público.  

 

Otros mecanismos de control constitucional, aparte de la ya mencionada Acción 

Popular, y que revisten de importancia como herramienta para que el ciudadano reclame 

ante la administración pública o ante las instancias judiciales, el resarcimiento de sus 

derechos en lo que respecta al disfrute del espacio público, se trataría en su orden de los 

siguientes: el Derecho de petición, la Acción de tutela y la acción de cumplimiento. 

 

En ese orden de ideas el Derecho de petición no solo tiene regulación 

constitucional, que menciona: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 

pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 

privadas para garantizar los derechos fundamentales” (Constitución Política de Colombia, 

Art. 23, 1991), sino una amplia normativa legal en especial en la consagrada en la Ley 1755 

de 2015 que modificó el Código de procedimiento Administrativo. El objetivo del 

ciudadano para invocar este mecanismo es que el mismo participe activamente en defensa 

de los intereses del espacio público y que este tipo de reclamaciones aun siendo de manera 

individual, o por motivos de interés general o particular se conviertan en acciones concretas 

de la administración municipal, sin necesidad de un apoderado judicial, no obstante este 

medio no termina siendo el medio más adecuado debido a que no resulta ser garantía para 

que se acceda a lo solicitado por el ciudadano. 

 

Para interponer el Derecho de petición ante la autoridad administrativa éste debe de 

contener los requisitos que están estipulados en la Ley 1755 de 2015, que en el artículo 16 

prescribe lo siguiente. 

 

Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo menos: 

 



34 
 

1. La designación de la autoridad a la que se dirige. 

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y 

o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de 

la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el 

número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona 

privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a 

indicar su dirección electrónica. 

3. El objeto de la petición. 

4. Las razones en las que fundamenta su petición. 

5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 

6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. 

 PARÁGRAFO 1o. La autoridad tiene la obligación de examinar 

integralmente la petición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta 

de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico 

vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro 

de sus archivos. 

 PARÁGRAFO 2o. En ningún caso podrá ser rechazada la petición 

por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta. 

 

La Acción de Tutela instituida en la Constitución Política del 91 en el artículo 86 y 

reglamentada por el Decreto 2591 del mismo año, luego del Derecho de petición, es el otro 

mecanismo útil y fundamental como derecho ciudadano cuando se trata de defender un 

derecho constitucional afectado y que tiene por objeto la protección de todos los derechos 

constitucionales fundamentales, aún de aquellos que no se encuentren consagrados en la 

Constitución, máxime cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de la autoridad correspondiente, o no se utiliza correctamente el material no 

deslizante, o también que se construyeron  andenes discontinuos. Cuando ocurren estas 

fallas estructurales en los andenes, de cierta manera se estaría amenazando un derecho de 

los ciudadanos conexo a otros derechos fundamentales, tales como son: el deterioro a la 

salud, la integridad física, o la vida de las personas que, al desplazarse por estos espacios, 

podrían sufrir un percance.  

 



35 
 

En materia jurisprudencial es de recalcar que la Corte Constitucional considera que 

la Acción de Tutela como mecanismo de defensa constitucional procede únicamente 

cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, aunque se pueden dar 

casos que, si se vulnera un derecho colectivo y de ahí éste se desprenden duras 

consecuencias de vulneración de garantías fundamentales, la tutela resulta siendo el 

mecanismo de defensa idóneo para el ciudadano. Por ende, la corte manifiesta en uno de 

sus pronunciamientos lo siguiente: 

 

(…) esta corporación ha admitido la procedencia de la tutela i) cuando la 

afectación de los derechos colectivos requiere la intervención urgente e 

inmediata del juez constitucional para evitar un perjuicio irremediable. (…) 

En este caso, es fundamental demostrar la premura de la intervención 

judicial y ii) cuando la amenaza o vulneración de un derecho colectivo, 

produce la afectación directa de un derecho fundamental (…). No determina 

la procedencia de la acción popular o de la acción de tutela el número de 

personas que accede a la justicia, ni el nombre del derecho que se busca 

proteger7 .(Corte Constitucional, T-192, 2014). 

 

Los ciudadanos están en la capacidad de poder presentar Acciones de Tutela ante 

cualquier juzgado o tribunal del lugar en el cual hayan ocurrido los hechos. Esta acción 

constitucional la puede ejercer cualquier persona afectada en sus derechos de manera 

directa o mediante abogado, es más lo podría presentar una tercera persona, en caso de que 

la persona no lo pueda hacer por sí misma. Cabría la posibilidad que la acción de tutela 

interpuesta por un ciudadano inconforme o que haya sufrido un accidente por el mal estado 

de un andén busque que un Juez de la república le ordene a la parte requerida o involucrada 

el reconocimiento de algún derecho fundamental vulnerado. 

 

Es de recordar que el Derecho de petición o la interposición de la queja como 

modelo peticionario ante la administración municipal son un paso procedimental previo 

antes de entablar la acción de tutela por el mal estado de las aceras.  Es indispensable que el 

ciudadano afectado pueda pedir a la Administración Municipal para que ponga toda su 
 

7 Ver Sentencia T-888 de 12 de septiembre de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 



36 
 

capacidad administrativa y judicial para evitar daños que menguan los recursos económicos 

del municipio, pudiendo devenir en posibles demandas judiciales. Se pondría a prueba el 

principio de eficacia de la administración pública, ello sería evidencia para que la 

ciudadanía tenga que recurrir al recurso de la Acción Popular la cual en virtud del articulo 

144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

protege los derechos e intereses colectivos, en cuyo fundamento está que se adopten 

medidas que eviten el daño contingente, terminar la amenaza o la vulneración de las 

consecuencias que acarrea tener andenes en malas condiciones de transitabilidad o de 

ocupación por parte de un tercero.  

 

Para finalizar el otro mecanismo para ser interpuesto es la Acción de cumplimiento, 

siendo este un mecanismo consagrado en el artículo 87 de la constitución y reglamentado 

en la ley 393 de 1997 cuyo objeto es que cualquier persona acuda ante una autoridad 

judicial administrativa para hacer efectivo el cumplimiento material de una Ley o de un 

acto administrativo, ésta opera no solo contra autoridades administrativas sino también 

particulares que ejerzan funciones públicas. Su único requisito es que el accionante en 

primera medida interponga un escrito de reclamación ante el incumplimiento legal o 

administrativo de una autoridad administrativa, siempre y cuando no exista peligro 

inminente de un daño irreparable, y mucho menos si se trata de la vulneración de derechos 

fundamentales, ya que para estos casos únicamente procede la acción de tutela. 

 

Es fundamental que los habitantes del municipio de Yarumal conozcan la 

importancia de los andenes como elementos de acceso y conectividad que le permiten 

interactuar con las personas y con los espacios; sin embargo, se hace necesario que se 

tengan en cuenta lo planteado en este artículo para la promoción y defensa de sus derechos 

a su uso y goce, dentro del marco normativo colombiano. 

 

Conclusiones 

 

La costumbre frente al uso y goce que tienen los habitantes del municipio de 

Yarumal en este caso concreto de las aceras, no se puede convertir en un elemento de 



37 
 

desconocimiento de las normas de carácter nacional, para ser cumplidas por los habitantes y 

la Administración Municipal. Son éstos últimos los llamados a reconocer la importancia del 

espacio público, por lo que se visualiza la interacción de tres actores diferentes en torno al 

mismo, tales como las personas llámese peatones o transeúntes, el medio ambiente y desde 

luego quienes dentro de una ciudad tienen la función de administrar lo público. De esta 

triple relación, los peatones son los llamados a acatar unas reglas y cumplen con unas 

obligaciones, es decir desde la costumbre como forma de crear derecho surgen los 

argumentos mediante los cuales las personas asumen prácticas de comportamiento dentro 

del espacio público, teniendo en cuenta que para nuestra sociedad resulta importante 

promover y generar cultura ciudadana dentro de los espacios públicos, no sólo para cumplir 

los fines de que busca la Constitución Política, sino para que estos lugares se conviertan en 

escenarios de participación social y política, donde los ciudadanos frente a las distintas 

dinámicas del entorno encuentren las maneras jurídicas en participar en los proceso de la 

intervención física de los espacios públicos, en este caso las aceras. 

 

Es necesario poner en evidenciar el estado actual de las aceras del municipio, y en 

esa medida determinar que actores están impidiendo el derecho al uso y goce de estos 

espacios públicos, para emprender las acciones necesarias tanto políticas como jurídicas, y 

restablecer estos derechos a los habitantes, ya que el Municipio de Yarumal desde el punto 

de vista arquitectónico y urbanístico, se pueden observar que en una gran mayoría las 

aceras no cumplen con la función para las cuales fueron construidas y diseñadas, ya que 

estas limitan la movilidad de los peatones, algo que se evidencia en la mayoría de las calles 

de Yarumal. 

 

Esta afectación es permanente y perjudica no solo a peatones cotidianos sino 

también a residentes del sector y comerciantes; ello es provocado en principio por las 

modificaciones arquitectónicas que se realizan en estos espacios, ya que no se ajustan a las 

normas técnicas vigentes, lo que genera el impedimento en el uso y goce de estos espacios, 

que por ser públicos y hacer parte del área urbana presentan algunos trayectos en donde no 

se cumplen ni se respetan las normas arquitectónicas que los regulan, evidenciando además 

la necesidad de una mejor apropiación y conocimiento por la regulación normativa por 



38 
 

parte de los habitantes y de la administración municipal en torno al tema urbanístico y de 

espacios públicos. Estos espacios de tránsito peatonal suelen ser usurpados para beneficios 

particulares, convirtiéndolos en espacios de uso privado, lo que provoca que las autoridades 

competentes en muchos casos no puedan oponerse a estas situaciones 

 

Es de entender que el espacio público está regulado por las autoridades 

competentes, quienes en uso de sus funciones legales lo han hecho en pro de dar 

cumplimento a las funciones sociales del Estado en concordancia con un entorno y un 

medio ambiente sano para todos los ciudadanos. Desconocer esta obligación estatal puede 

ser la causa que los andenes y aceras estén sufriendo unas transformaciones que limitan su 

uso por parte de los habitantes del municipio, ello hace suponer que se desconoce el 

verdadero significado de lo público y el principio que siempre debe prevalecer el interés 

general sobre el particular. 

  

Es pertinente invitar a la comunidad Yarumaleña a que propenda por la defensa de 

los espacios de uso común, posibilitando a los habitantes el acceso a las aceras como 

espacios públicos, participando activamente en las diferentes actividades y en la 

elaboración y actualización del POT, de tal manera que se fomente la concertación entre los 

intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y 

sus organizaciones en su ejecución. 

 

Para Yarumal como municipio referente en el Norte de Antioquia es de suma 

importancia que tenga clara una política urbana, en parte debido a su crecimiento 

poblacional que ha tenido en los últimos años y en las exigencias para las nuevas 

generaciones, las cuales desde los estamentos educativos se les viene inculcando valores 

democráticos como son la representación de lo histórico, la asociatividad y el civismo. Es 

brindando espacios de socialización, a su debido tiempo, cuando ocurran intervenciones 

urbanísticas realizadas por parte de la administración municipal, siendo su deber el hacer 

cumplir las normas vigentes del ordenamiento Jurídico Colombiano, ya que como 

ciudadanos podemos objetarlas y debatirlas en escenarios de participación, en donde se 



39 
 

puedan poner en discusión todas las apreciaciones ciudadanas con respecto a las obras que 

intervengan el espacio público en nuestro municipio. 

 

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de la Constitución de la República, declárase incorporado en el Código Civil el 

Título III (arts. 19-52) de la misma Constitución. [Ley 57 de 1887]. Bogotá. D.C  

 

Congreso de la Republica. (11 de enero de 1989). Por la cual se dictan normas sobre planes 

de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras 

disposiciones. [Ley 89 de 1989]. Bogotá. D.C 

 

Congreso de la Republica. (19 de noviembre de 1991). Por el cual se reglamenta la acción 

de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. [Decreto 2591 de 

1991]. Bogotá. D.C 

 

Congreso de la Republica. (24 de Julio de 1997). Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, 

y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. [Ley 338 de 1997]. Bogotá. D.C 

 

Congreso de la Republica. (29 de Julio de 1997). Por la cual se desarrolla el artículo 87 de 

la Constitución Política. [Ley 393 de 1997]. Bogotá. D.C 

 

Congreso de la Republica. (05 de agosto de 1998). Por la cual se desarrolla el artículo 88 de 

la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones 

populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. [Ley 472 de 1998]. Bogotá. 

D.C 

 

Congreso de la Republica de Colombia. (31 de julio de 2006). Por medio de la cual se 

establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible y se dictan otras 

disposiciones. [Ley 1083 de 2006]. Bogotá. D.C 

 

Congreso de la Republica de Colombia. (11 de marzo de 2010). Por medio del cual se 

reglamenta parcialmente la Ley 1083 de 2006. [Decreto 798 de 2010]. Bogotá. D.C 

 



42 
 

Congreso de la República de Colombia. (18 de enero de 2010). Por la cual se expide el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [Ley 

1437 de 2011]. Bogotá. D.C 

 

Congreso de la República de Colombia. (29 de julio de 2016). Por la cual se expide el 

Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. [Ley 1801 de 2016]. 

Bogotá. D.C 

 

Congreso de la Republica de Colombia. (30 de junio de 2015). Por medio de la cual se 

regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [Ley 1755 de 

2015]. Bogotá. D.C 

 

Congreso de la Republica de Colombia. (30 de marzo de 2017). Por el cual se corrigen unos 

yerros en la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 

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